06/04/2017 / 20:41
Redacción


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Ruiz Molina pide responsabilidad y diálogo para aprobar los presupuestos regionales

El pleno de las Cortes comenzó con un minuto de silencio en memoria de Elena de la Cruz.


Debatir el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio de 2017, el consejero Ruiz Molina ha defendido la necesidad de que las cuentas sean aprobadas “sin que se pongan palos en las ruedas en esa recuperación –que busca el Gobierno autonómico–, solo por cuestiones partidistas y poniendo en peligro incluso puestos de trabajo”.
    Se ha referido el titular de Hacienda, no ya a las enmiendas de PP y Podemos presentadas para “hacer pinza” en el Ejecutivo autonómico sino a aquellas otras que “van a tener un impacto negativo en la calidad de los servicios públicos o la gestión de los mismos”, en lo que ha definido como la “nueva trama” en contra de la gestión del PSOE.
    Ha citado la enmienda “que supone una detracción importante de recursos a la Fundación Impulsa, que pone en peligro su viabilidad y el despido de trabajadores que dependen de esos centros”, y ha asegurado, dirigiéndose a Podemos, que va a ser la primera vez que la aprobación de una enmienda “va a tener como efecto inmediato el despido de más de 25 familias que no se lo merecen”.
    También se ha referido a la enmienda que detrae partidas de atención a mayores para imputarlas como gasto de personal en la apertura del Hospitalito del Rey, y a la presentada por el PSOE para que se recojan las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en relación a la Universidad regional, mostrándose abierto, tras las críticas, a que esa modificación pueda plantearse de otra manera distinta a la modificación de la Ley de Hacienda de CLM.
    Previamente, el consejero ha incidido en que este Proyecto de Ley de Presupuestos, con la colaboración de Podemos, “supone un nuevo impulso para la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha”, y continuar la “senda” del Ejecutivo para “reconstruir el Estado de Bienestar derruido en la anterior legislatura”, manteniendo las cuentas públicas saneadas”.
    Ruiz Molina ha asegurado que está “basado en la prudencia” y diseñado para “cumplir con el objetivo de déficit y la deuda pública del 35% del PIB de la región” y con un techo de gasto –elaborado con estimaciones propias y “bastante certeras”, algo por lo que ha felicitado a los técnicos de la Consejería–, que se ha estimado inicialmente en 5.924,4 millones de euros.
    Además, Juan Alfonso Ruiz Molina ha abundado en que este es un presupuesto “muy solvente desde el punto de vista financiero”, que sigue apostando por el gasto social –a lo que se dedican siete de cada diez euros, 13,7 millones de euros diarios–, y cuyo capítulo de inversiones crece un 21%.
    En el debate de las enmiendas, el diputado del PSOE Rafael Esteban ha pedido apoyo a Podemos y al Partido Popular para que la enmienda que, siguiendo la recomendación del Tribunal de Cuentas, hará que se pueda “fiscalizar y controlar” a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), salga adelante, aunque tanto la formación morada como los ‘populares’ no ven conveniente que se equipare a la institución académica con el resto de empresas dependientes de la Junta. Esteban ha defendido que la UCLM esté “sujeta a control financiero”, como el resto de entidades públicas de la región, bajo la supervisión del Consejo Social de la propia Universidad.

Fundación Impulsa
El PSOE se ha referido a otras enmiendas como la que aumenta el presupuesto de la Fundación Impulsa para incluir al Museo del Niño, o la que “redefine” la tasa en el caso de modificaciones “significativas” del plan de seguimiento de gases de efecto invernadero.
    José García Molina ha calificado de “sangrante” que el PSOE promueva la “externalización” de servicios públicos como los museos a través de la Fundación Impulsa, lo que a su juicio es un “chantaje” porque apuesta por “la externalización o la nada”, algo que Podemos no puede apoyar. “Queremos la cultura como el que más, pero pública, directa y, sobre todo, consistente”, ha manifestado. Desde el PP, Ana Guarinos ha recordado que tradicionalmente la Junta se ha encargado de la gestión cultural de la Administración autonómica, pero ahora Page prefiere que dicha gestión se haga a través de esta fundación, que tiene menos controles que la Consejería, y se pregunta si ésta supone una “tapadera para recolocaciones para no rendir cuentas”.


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