Sanidad por convenio y de justicia

 

 

  El pasado jueves, las Cortes regionales aprobaban por unanimidad el acuerdo para la atención asistencial de los ciudadanos de Aragón y Castilla-La Mancha. De esta forma, 2.188 guadalajareños, de 26 municipios, se van a beneficiar de este convenio, que ahorrará a muchos de ellos una media de 100 kilómetros en sus desplazamientos. Los vecinos de Alcoroches, Alustante, Checa, Chequilla, Megina, Orea, Traid, Adobes, Campillo de Dueñas, Hombrados, Morenilla, El Pedregal, Piqueras, El Pobo de Dueñas, Setiles, Tordellego, Tordesilos y La Yunta, podrán ser atendidos en Teruel. Mientras que los habitantes de Algar de Mesa, Mochales, Villel de Mesa, Embid, Fuentelsaz, Milmarcos, Tartanedo y Tortuera serán atendidos en Calatayud. Lo que podría parecer de lógica no lo es tanto cuando se choca con las trabas burocráticas que la política de distribución de competencias ha acabado convirtiendo nuestro país en una complicada maraña administrativa que en poco favorece a los ciudadanos. Se consigue de este modo algo que era de justicia para los habitantes de esta comarca. Si bien es cierto que desde hace años muchos se dirigían a la comunidad vecina para su atención sanitaria, también lo es que en los últimos tiempos a algunos se les llegaba a negar dicho servicio al no existir ningún convenio entre ambas comunidades.

 

   Ahora eso ya no volverá a pasar pues cuentan con la seguridad jurídica y el respaldo normativo necesarios para poder tratarse en un centro que no es de su autonomía. En un momento de crisis, en el que como el propio consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, reconocía “nadie regala nada” este tipo de convenios viene a salvar obstáculos. De ahí la importancia de conseguir algo similar con la Comunidad de Madrid. Este acuerdo de cooperación buscaría la complementariedad de recursos y ofrecer total cobertura sanitaria para el Corredor del Henares o la comarca de La Sagra. Sin embargo, el compromiso de la presidenta de la Junta de Comunidades, María Dolores de Cospedal, durante su toma de posesión, para materializar un acuerdo interautonómico se ha topado con las temidas dificultades económicas, que hasta el momento no se han podido solventar a pesar de que en la actualidad, ambos gobiernos son del mismo signo político. El tiempo dirá si al final se alcanza un acuerdo aunque la lógica apunta a que así será.