19/11/2012 / 14:08
Beatriz Pariente


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Sólo 10 de los 50 afectados por desahucios podrían acogerse al nuevo Real Decreto


Las noticias de los últimos días acerca de desahucios que han acabado con un final dramático evidencian que existe un grave problema social que debe encontrar una pronta solución. Hasta la fecha, la dación en pago o el código de buenas conductas para los bancos no han surtido el efecto deseado y 400.000 personas han tenido que abandonar sus casas. En 2011 se produjo un desahucio al día en Guadalajara y en 2012 la cifra sigue creciendo de forma imparable.

El Consejo de Ministros daba la semana pasada el primer paso, después de mucho tiempo de ‘vacío legal’, para buscar protección para los deudores hipotecarios y establecer la paralización de los desahucios durante dos años (no obstante, no para todo el mundo, sino en unos supuestos definidos que se detallan en esta información). Para la Plataforma Stop Desahucios (PAH) de Guadalajara esta medida “no va a paliar el problema de fondo, sino que es una simple moratoria”. Además, “¿qué va a pasar dentro de dos años?”, se pregunta Domingo Alcázar, uno de los miembros de PAH.

A la medida “le falta también retroactividad”, opinan desde PAH y “es generadora de discriminación por diferencias mínimas”. Según sus cálculos, de los 50 casos de desahucio que hay ahora mismo vigentes en Guadalajara “sólo unas 10 o 12 personas podrían acogerse a esta medida”. El Gobierno de la Junta también ha propuesto una solución que, si bien tiene un componente positivo, no es más que un parche al problema de fondo de la antigua e inoperativa ley hipotecaria. Proponen que se abra un cupo de viviendas protegidas al alquiler de familias que han sufrido un desahucio. Una idea similar ha propuesto el Gobierno central para crear un fondo social de viviendas destinado al alquiler a precios bajos, nutrida por los inmuebles adjudicados por impagos y que sean propiedad de la banca.

Domingo Alcázar, miembro de la Plataforma Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, considera personalmente que la iniciativa es buena pero también que tanto el número de viviendas como las condiciones de acceso deben ser propicias. “El porcentaje que tendrían que pagar las familias sería del 30 por ciento de sus ingresos como máximo”, apunta. En Guadalajara, como en el resto de España, cuando se produce un desahucio la situación suele solventarse gracias a la ayuda del entorno de la familia afectada. No obstante, también existen casos que no han podido resolverse. De hecho, dos de los 10 casos de desahuciados que Alcázar ha conocido de cerca en Guadalajara no han encontrado esta solución. “No se resuelve el problema de base, pero si funcionara, efectivamente, se podría mejorar la situación de muchas familias”.

Para PAH sería preciso establecer, como mínimo, la dación en pago y crear un depósito de vivienda social cuyo alquiler supusiera no más del 30 por ciento de los ingresos mensuales de la unidad familiar. CEACCU considera que las medidas que se presenten deben cubrir, no sólo a aquellos afectados que, con criterios muy restrictivos, se les califique de “vulnerables” o “especialmente vulnerables” sino a cualquier familia en situación de quiebra sobrevenida: es decir, aquellas que por “desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, larga enfermedad u otros infortunios” hayan sufrido una drástica pérdida de sus ingresos regulares que les impida hacer frente a las deudas contraídas. .


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