Un pleno con 'tintes' económicos

   El pleno que ayer se celebró en el Ayuntamiento capitalino no solo tuvo tintes políticos, que los tuvo, sino también económicos. La crisis aprieta a las cuentas municipales, que eran unas de las más saneadas de España, y que podría resentirse. Por eso, los populares presentaba ayer una moción que a través de la cual se solicitaba a la Junta de Comunidades “una planificación de los pagos pendientes”. Según explicaba el concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban, la cantidad que viene reclamando la capital, y que achaca al anterior Ejecutivo Socialista de José María Barreda, es de 10,4 millones de euros. Un buen pellizco que una ciudad como Guadalajara no puede desperdiciar y que se convierte en arma arrojadiza entre populares y socialistas a poco menos de 30 días de la próxima cita electoral. Según el concejal, y refiriéndose a un informe de la Sindicatura de Cuentas, el Gobierno regional arrastra una deuda de más de 2.800 millones de obligaciones pendientes (facturas por pagar) a corto plazo. Cifra que se engorda si se suma la deuda a largo plazo de 7.435 millones de euros. Las cantidades resultan astronómica y para compensar, y mientras llegan esos fondos, el equipo de Román no quiere acumular morosos. Por eso, también en la sesión de ayer se daba el visto bueno a la adhesión, de la administración local, a un convenio suscrito hace años entre la Agencia Tributaria y la Federación Española de Municipios y provincias para intercambiar información fiscal con la finalidad de obtener más datos de todos los contribuyentes. Eso significará que el Ayuntamiento podrá, durante la campaña de devoluciones de Hacienda, “embargar” esas devoluciones de la declaración de la renta a ciudadanos que tengan pendientes deudas tributarias municipales. Se trata de que todos paguen desde la Administración regional al ciudadano de a pie. Una política económica que en tiempos de crisis apuesta por la fiscalización y un control más exhaustivo.