Una tragedia que se podía haber evitado

La noche de Halloween se tornaba en tragedia en Madrid cuando, en la madrugada, una fiesta para miles de personas fue escenario de una avalancha humana en la que cuatro chicas de entre 18 y 25 años han perdido la vida aplastadas y otra resultó herida y se mantiene en estado muy grave. Lo peor de todo, es que este drama pudo evitarse. Las irregularidades cometidas en el Madrid Arena son tantas que casi todos los implicados se están viendo salpicados. Incluido el Ayuntamiento de Madrid que hasta el momento parece haberse librado de las investigaciones sobre el aforo de la Thriller Music Park, el contrato de alquiler y los permisos. Pero lo que no ha logrado esquivar es su responsabilidad en el control de acceso a las instalaciones. El rosario de despropósitos vulneró hasta cinco artículos de la Ley de Espectáculos de la Comunidad de Madrid. De hecho se establecen estrictos requisitos de aforo, menores, objetos peligrosos, seguridad y control de los accesos. Sin embargo, todo fue insuficiente cuando los incumplimientos fueron flagrantes. Resulta lamentable que en instalaciones de titularidad municipal se celebren eventos de estas características y que, en muchos casos, se haga la vista gorda con el afán de recaudar sin tener en cuenta cómo y en qué condiciones se desarrollan estas actividades. Sin duda, el hecho de que el Ayuntamiento madrileño acabe siendo responsable civil subsidiario en el proceso que se abra por el fallecimiento de estas jóvenes supondría un importante precedente, pues aunque en principio no habría una responsabilidad penal (porque no hay una persona concreta de la corporación que hubiera provocado el suceso) éste sí tendría que hacerse cargo, a través de los seguros, de las indemnizaciones que se establezcan. Y más aún, salvo sorpresa la Institución municipal no podrá ser acusación popular en un proceso en el que se le va a exigir una responsabilidad. La ejemplaridad de la justicia en este lamentable suceso podría suponer un importante cambio en la actitud de muchos consistorios en los que se antepone la rentabilidad económica al cumplimiento de la propia ley .