Utilidad y coste de las diputaciones

La polémica por el tema de las diputaciones está servida. Tras la propuesta del candidato del Gobierno por el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de eliminar las diputaciones como forma de controlar el gasto y fomentar el ahorro, muchas han sido las voces críticas que se han oído con respecto a este asunto. Nacidas en 1836, la Constitución española de 1978 reconoce en su artículo 141 la existencia de las diputaciones provinciales como entes a los que están encomendados el gobierno y la administración autónoma de las provincias. En España existen 38 diputaciones de régimen común y tres de régimen foral, siete cabildos y cinco consejos insulares. Las 38 diputaciones de régimen común, que el candidato socialista quiere suprimir si gana las próximas elecciones, gastan casi 2.000 millones de euros sólo en retribuir a su personal. En concreto, los presupuestos de este ejercicio tienen asignados 1.965 millones de euros sólo al capítulo 1, lo que supone más del 30 por ciento de sus fondos totales, que rozan los 6.500 millones de euros. Los gastos corrientes suman más de 1.000 millones de euros este año, el 15,5 por ciento del presupuesto de este nivel administrativo. De esta forma, sólo mantener las diputaciones en funcionamiento (pagando sus facturas y salarios) supone un desembolso de 3.000 millones de euros. Es cierto que la administración debe reinventarse y favorecer el ahorro pero sin que eso pase por el recorte de derechos de los ciudadanos. Y no nos engañemos. Seguramente habrá provincias en las que la Diputación no tenga más que un mero papel representativo pero en otras, como Guadalajara, sus funciones están más que justificadas al acumular competencias que se les escapan a los pequeños municipios. Quizá ha llegado el momento de entender la estructura política de estas instituciones de otro modo, pero en ningún caso se debería poner en duda el servicio que ofrecen.?.