Vecinos en pie de guerra contra bandas de okupas y tráfico de droga

Los vecinos de la calle Francisco Aritio 166, los bloques amarillos de lofts que hay pegados al polígono empresarial de Cabanillas, están en pie de guerra contra las bandas organizadas de okupas que desde hace unos meses han llegado al barrio y han traído consigo multitud de problemas, desde venta de droga hasta reyertas con cuchillos e incluso pistolas.

Hace aproximadamente dos semanas que la Policía Nacional tiene presencia casi constante. Recibe a los vehículos que entran y salen en un control colocado a primera hora de la mañana en la entrada al barrio: “¿Dónde va? ¿es vecino, propietario...? DNI...”

La mera presencia de los agentes, a falta de datos oficiales, porque las investigaciones sobre todo lo que está sucediendo están abiertas, ya nos pone sobre aviso. El resto nos lo cuentan los vecinos.

La comunidad está formada por tres bloques, con un total de 320 viviendas. Una buena parte (el 60%) está en manos de una entidad bancaria, Liberbank, que la adquirió cuando la empresa promotora quebró; entre el resto de propietarios, la mayoría son inversores, muchos de fuera de Guadalajara, que los tienen alquilados.

Dos bandas de okupas

“Los pisos los alquilan por 750 euros más 150 por el enganche de la luz; hay uno que es más grande, que hace esquina, y lo han vendido por 1.500 euros”. Así nos lo explica una vecina, y no se refiere a las inmobiliarias, sino a los precios fijados por las bandas que se dedican a dar la patada a las casas vacías para luego vender las llaves. Afirma que son dos los grupos que actúan en estos bloques.

En estos momentos, según comentan estos vecinos, habría 28 viviendas ocupadas ilegalmente (algunos son inquilinos que han dejado de pagar el alquiler, precisan). Pero podrían haber sido más. En el caso de otras que ya habían sido forzadas se reaccionó a tiempo y, antes de ser “alquiladas”, se pudo poner una puerta antivandalismo. Esta situación viene de atrás, pero, aparentemente, no generaba tantos problemas, más allá de los propios para el propietario del piso okupado y para los que han tenido que pagar excedentes en su factura eléctrica por los enganches ilegales.

Tráfico de droga

Todo explotó durante el confinamiento. Empezaron las reyertas y los vecinos comenzaron a observar gran movimiento de coches por el garaje a altas horas de la madrugada. Algunos que no se dejaron amedrentar se pusieron a investigar, a hacer rondas nocturnas, a vigilar... hasta constatar que el garaje era un punto de venta de droga, según indican. En sus indagaciones han podido ver grandes cantidades de cocaína y dinero.

Las peleas entre los propios okupas se han sucedido estos meses, indican, y también con algunos vecinos. Todo ello ha hecho que la policía haya tenido que acudir en repetidas ocasiones.

Para luchar contra esta situación, la comunidad ha contratado seguridad privada, con presencia las 24 horas, también va a instalar cámaras de vigilancia por toda la finca y el interior de los edificios (las que había han sido destrozadas), ha tenido que cambiar o reforzar cerraduras de los contadores para evitar enganches de luz, tiene que hacer frente a numerosos desperfectos, etc. En la última inspección, la compañía eléctrica comprobó que había medio centenar de enganches irregulares, con riesgo de sobrecarga.

La oposición de los vecinos, organizados en un grupo de whatsapp, sumado a la presencia policial, ha relajado un poco la situación, pero la convivencia sigue siendo tensa e insostenible, lamentan los que la sufren.

La finca colindante

Otro problema añadido de esta comunidad es el que viene derivado del abandono y falta de mantenimiento de la finca colindante (propiedad del mismo banco), el esqueleto de un edificio a medio construir que no solo sirve de refugio a los okupas, sino que se levanta sobre un manantial en el que no deja de brotar agua que se queda estancada, provocando olores, mosquitos e insalubridad, y se va filtrando por el subsuelo degradando toda la zona.