¿Bibliotecas municipales en Guadalajara? no gracias

Guadalajara despega. Con 83.633 habitantes su proximidad a la capital de España ha influido sin duda para su desarrollo demográfico y económico. La ciudad alcarreña se ha ido llenando de servicios educativos, sanitarios, sociales, comerciales e incluso culturales. Pero hay una excepción, que supone que esta ciudad sea la única capital de provincia española que carece de servicios bibliotecarios municipales. Perdonen que lo diga así de tajante: ¡Esa carencia es una verdadera vergüenza! En mis artículos e intervenciones sobre bibliotecas en Castilla-La Mancha e incluso en jornadas y congresos nacionales aludo siempre a esta vergonzosa carencia. Entre los servicios que según la Ley de Bases de Régimen Local deben prestar los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes con carácter obligatorio está el de biblioteca pública. Es una ley estatal promulgada en 1985, a la que se han realizado distintas correcciones: pero la obligación para los ayuntamientos de prestar ese servicio está intacta y su incumplimiento puede llevar a que los presupuestos anuales del Ayuntamiento sean impugnados por no prestar servicios obligatorios. La legislación regional, mucho más progresista en bibliotecas, establece que “todos los municipios de Castilla-La Mancha mayores de 1.000 habitantes deberán disponer de biblioteca de titularidad pública y uso general”, que en el caso de municipios mayores de 20.000 habitantes han de constituir una red municipal de bibliotecas.
    Ahora, que la ciudad acaba de recibir el título de “Ciudad Europea del Deporte” para el año 2018, lo que me parece muy importante, resulta penoso que una ciudad que aspira a formar ciudadanos mediante la actividad física no se plantee la necesidad de fabricar ciudadanos libres, críticos, tolerantes y constructores de la realidad social, que es lo que hacen las bibliotecas. No hay actividad más importante para la educación integral de las personas que la lectura. Y como servicio público el acceso a la lectura, el portal democrático a la información y la educación permanente está en las bibliotecas públicas, que además son el núcleo para la convivencia ciudadana, las propuestas de la sociedad civil y el compromiso social.  La única biblioteca pública con que cuenta Guadalajara es la Provincial, llamada “Biblioteca Pública del Estado” por ser de titularidad estatal aunque sea gestionada por la Junta de Comunidades. Pero con una única biblioteca pública se está atendiendo a toda la ciudad y a la provincia, por ser la cabecera de la red provincial de bibliotecas públicas. ¿Bastaría en Guadalajara un único centro educativo de Bachillerato? ¿Sería suficiente con un centro de salud? Esta era la situación de hace décadas, pero afortunadamente los servicios públicos han experimentado un desarrollo notable, que sin embargo no se ha producido en el ámbito de las bibliotecas públicas.
    Si comparamos esta situación con la de, por ejemplo, los servicios educativos veremos que tenemos razones para que se nos caiga la cara de vergüenza: en Guadalajara hay actualmente 28 centros educativos, de los cuales 8 se dedican íntegramente a la ESO, Bachillerato y FP. Guadalajara, como otras ciudades de la región y españolas, ha visto un desarrollo de servicios públicos para asegurar la prestación de los mismos en todos los barrios y a todos los ciudadanos. Pero,  ¿por qué en bibliotecas es distinto? Las bibliotecas son el centro cultural y social básico en cualquier municipio, y tienen similar importancia a los servicios educativos y sanitarios, pues forman la faceta más importante de la persona, además de ser un complemento imprescindible para la educación. Si visualizamos la web municipal comprobaremos el desierto tanto del Ayuntamiento como del Patronato Municipal de Cultura en cuanto a servicios bibliotecarios y de fomento de la lectura. El incumplimiento es municipal: desde 1979 hasta el momento presente han gobernado todos los partidos políticos mayoritarios. Incluso fue alcaldesa durante varios años la directora de la biblioteca pública del Estado en Guadalajara. Pero los servicios de biblioteca municipal no son objeto de deseo de los políticos de la ciudad. Ha habido algunas propuestas electorales al respecto que no lograron fuesen asumidas por la Corporación: en 2015 el candidato a la alcaldía por el PSOE, Daniel Jiménez, propuso crear en el Fuerte de San Francisco una biblioteca municipal, además de otros servicios. El mismo político, en 2008, ya iniciada la legislatura, hizo la propuesta de crear una biblioteca municipal. Y hace unos meses Ahora Guadalajara ha presentado al Ayuntamiento la iniciativa de que las pedanías de la capital contasen con servicios bibliotecarios a través del Bibliobús y que en un barrio se optase por una biblioteca de doble uso, es decir para el público en general y para el centro docente correspondiente. Pero para nada hablan de crear bibliotecas en los barrios de la ciudad.
    La responsabilidad de este incumplimiento legal, que afecta a toda la ciudad, es sin duda del Ayuntamiento. Pero no ayuda el hecho de que el Gobierno Regional esté de perfil respecto a la política bibliotecaria. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes debe tener un papel más activo en el desarrollo bibliotecario de la región, como siempre tuvo. El recientemente aprobado Mapa de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha es un instrumento público que revela bien el contraste entre los servicios mínimos que deben tener los municipios y la oferta real. En el caso de las capitales de provincia no están definidos todavía los servicios a crear pero está claro que debe haber una Red Municipal que ofrezca servicio a los distintos barrios y pedanías. Y el Gobierno Regional tiene la obligación legal de colaborar, pues lo expresa claramente el artículo 21 de la Ley 3/2011 de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, cuando recoge las competencias de la Junta de Comunidades: “Apoyar la financiación de la construcción, uipamiento y mantenimiento de los servicios de las bibliotecas de titularidad municipal y uso público general…”
    Tal vez los políticos alcarreños, e incluso de la región, aduzcan que no existe una demanda social que justifique invertir en servicios públicos bibliotecarios. Y ese es su error y su responsabilidad. Los políticos, como hicieron los ilustrados del siglo XVIII, tienen que pensar en el modelo de sociedad, en el tipo de formación, en los servicios  públicos que deben crearse, aunque los ciudadanos no los pidan.  La política bibliotecaria en Castilla-La Mancha tiene mucho de Ilustración. Cuando la gente no pedía bibliotecas, el Gobierno Regional estimuló su demanda y uso. Fue una decisión acertada que ahora debe continuar, con ayudas para equipamiento, colecciones, personal, actividades culturales... Pero para ello se necesita creer con firmeza en la necesidad de la educación y la lectura como los aspectos más importantes de las inversiones que han de realizarse en la construcción de las personas. Y en esta órbita las bibliotecas públicas son esenciales e imprescindibles.