Bien común 'versus' rendimiento electoral
Por fin, después de muchas semanas de incertidumbre, los propietarios de las viviendas del Fuerte han recibido una buena noticia acerca de la resolución del conflicto que ponía en entredicho la entrega de las casas. Si el viernes ya se adelantaba que podría existir un pacto entre el Ayuntamiento y la Consejería de Ordenación del Territorio para proceder a la recepción parcial de la urbanización y la concesión de las primeras licencias de ocupación, ayer se confirmaba que muchas familias podrán acceder a estas viviendas antes de que acabe el año. Lo que hace tan solo un mes parecía un nuevo muro infranqueable entre ambas administraciones estaba ayer más cerca de la disolución gracias al esfuerzo hecho tanto por el Ayuntamiento capitalino como por el Gobierno regional. La solución pasa por la recepción parcial de la urbanización de un desarrollo en el que se prevé la construcción de 1.004 viviendas y conceder, hacia mediados del presente mes, las primeras licencias de ocupación del nuevo sector capitalino. El desencuentro, del que hemos sido testigos, resultaba aún más sangrante si se tiene en cuenta que de no haber alcanzado una solución las personas que han comprado viviendas en El Fuerte no podrían ocuparlas y, por tanto, no podrían beneficiarse de las desgravaciones fiscales, que perderían si no escrituran antes del 31 de diciembre. Pero, como en el caso de la remodelación de Francisco Aritio, se vislumbra un principio de acuerdo que vendría a cerrar las heridas abiertas como consecuencia de un desencuentro político que para lo único que ha servido ha sido para demorar este proyecto. Sin embargo, la repercusión social parece haber hecho entrar en razón a los implicados que han supeditado el bien común a cualquier posible rendimiento electoral de ciertas estrategias no del todo éticas. El final feliz para aquel acuerdo histórico firmado en 2004 entre el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidades parece estar, hoy, un poco más cerca..