03/03/2017 / 14:48
Julián Atienza/Coordinador provincial de IU


Dejarse la vida y la salud en el trabajo

Lo que se evidencia es que no hay una conciencia social lo suficientemente amplia y trasversal para combatir esta tragedia.


Dentro de las numerosas noticias que suceden en nuestro país, la semana pasada una fue ésta: “El número total de personas que murieron en un accidente de trabajo en España durante 2016, incluyendo los que se produjeron durante la jornada y los in itinere -en el trayecto de ida o vuelta- fue de 607, un 3,5% menos que el año anterior, cuando la cifra de fallecidos en un siniestro en el trabajo fue de 629”.
    Y dentro de las numerosas noticias que suceden en nuestro país, pasó casi desapercibida para los grandes medios de comunicación, informativos y programas especiales de noticias. Lamentablemente.
    Más allá de que suban o bajen los números en las estadísticas, de si hay más o menos fallecimientos o accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de un año para otro, de si se incrementan los accidentes (mortales) en los trayectos de ir o venir del trabajo,... más allá de todo esto, lo que se evidencia es que no hay una conciencia social lo suficientemente amplia y trasversal para combatir esta tragedia y que se empiecen a tomar medidas para erradicar -sí, erradicar, no minimizar o disminuir- las muertes en el trabajo, así como los accidentes y enfermedades laborales.
    Conciencia social que tiene que ir unida a la política e institucional, siguiendo el ejemplo de las muertes (y accidentes) de tráfico o de la violencia machista. Tendremos que seguir en la labor como trabajadores, como clase, como sociedad, en definitiva, de que esta tragedia diaria que sufrimos en nuestro país no es un efecto colateral de la propia actividad laboral, sino que tiene que estar en la “agenda política” sin esperar a que ocurra un caso especialmente mediático para ponerlo en ella.
    Formaciones políticas como IU y los sindicatos de clase insistimos en este tema casi de manera continua, denunciando que sus causas se encuentran, fundamental y básicamente, en la precariedad laboral que obliga al trabajador a someterse a condiciones laborales de riesgo. Una precariedad laboral amparada por las sucesivas reformas laborales en nuestro país que lo único para lo que han servido es para que asumamos todos, como trabajadores, que la competitividad productiva empresarial depende de unos bajos salarios y una regulación laboral laxa, obviando dichas reformas laborales su labor garantizadora del derecho a la seguridad y salud en el trabajo regulado en diferentes Leyes y en la propia Constitución Española o en Directivas Europeas o Convenios Internacionales (OIT).
    Cuando un Estado social y democrático de derecho, como es el nuestro, deja al albur del azar la salud de los ciudadanos y ciudadanas, trabajadores activos o no, deja de ser social, democrático y garante de derechos; siendo esta manera de entender las relaciones en el trabajo, además, irresponsable, ya que se olvida así que prevenir es mejor que curar, que lo importante para el desarrollo social y económico es la buena salud de los trabajadores y trabajadoras, que hay que respetar la ley y asegurar su cumplimiento.
    Y esta situación me lleva a un caso que hemos tenido recientemente en nuestra provincia: el incendio de la planta de residuos en Chiloeches el pasado verano. Más allá del desastre en sí y de demostrarse la desastrosa gestión de los residuos peligrosos en nuestro entorno más cercano, hay otro problema: la prevención de riesgos laborales de los trabajadores que allí acudieron para apagar el incendio y controlar los vertidos incontrolados que allí se almacenaban y que ardieron.
    Me estoy refiriendo a los bomberos, fuerzas de seguridad, personal de GEACAM, la UME,... que son, al fin y a la postre, trabajadores. Todos ellos acudieron a realizar su trabajo, pero sin una serie de medidas preventivas para ellos mismos que pueden tener consecuencias para su salud.
    Lo primero a destacar en este caso es que como no se sabía qué tipo de sustancias peligrosas o residuos se almacenaban allí, pues no se sabe a qué estaban expuestos y cómo les afectará a su salud. Lo segundo, que aun existiendo en Guadalajara un protocolo de actuación para casos de “mercancías peligrosas”, en el incendio de Chiloeches no se aplicó. En tercer lugar, no hubo sectorización del siniestro donde se determinase cuál era la zona caliente (zona de trabajos donde todo el personal tenía que estar equipado con seguridad), zona templada (zona en  la cual estaban los equipos de trabajo a la espera de entrar a dar el relevo a la los trabajadores que están en la zona caliente) y zona fría (zona por la cual no existía ningún riesgo para el personal, y se podía estar perfectamente trabajando sin ningún tipo de medida de seguridad); y al  no haber sectorización, pues tampoco hubo, en cuarto lugar, descontaminación controlada de los equipos ni de los trabajadores ni ningún tipo de procedimiento para esta tarea.
    Por último, y sin querer ser (más) desalentador, 6 meses después de este incendio, ni siquiera se han hecho revisiones médicas o vigilancia de la salud a los trabajadores que allí estuvieron.
    En definitiva, con este caso concreto ocurrido recientemente en Guadalajara lo que quiero es que sirva para la reflexión sobre la política de prevención de riesgos laborales que tenemos, ya que si bien nos quedamos con el titular (incendio de una planta de residuos peligrosos) y nos quedamos con el resultado (sofocado el incendio), sin embargo ¿nos quedamos con las consecuencias que ello tiene para los trabajadores -y su salud-?
    El trabajo -y nuestra salud- no es un privilegio, es nuestro derecho, y en su defensa y reivindicación estamos ya muchos, pero tenemos que ser más.
 


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