Diarrea legislativa


Lo que está pasando entre la Moncloa y la Carrera de San Jerónimo, con parada en Bailén, es una diarrea legislativa en toda regla, de leyes que apestan en lo jurídico y en lo democrático.

Vayan por delante mis disculpas por lo escatológico del título de este artículo. Al fin y al cabo, serán las únicas que los lectores van a recibir por lo que aquí se describe. Pero sólo cito a una de las mentes más agudas que se recuerdan (modo ironía ON). La Secretaria de Estado de Igualdad, lo crean o no, en un arrebato de sinceridad incontrolable, entre el regocijo y la inconsistencia, dijo en una entrevista que “precisamente, como no vamos a estar ese tiempo, tenemos también la diarrea legislativa que tenemos, o sea, que esto, como todo el rato intentando hacer muchas cosas, no vaya a ser que mañana se acabe. Que es una cosa también, que pues habría que repensar en el siguiente ciclo político…”. Les juro que es trascripción literal y que no he puesto ni quitado coma. Lo dejo ahí, porque luego habla de que habría que repensar un modelo, posiblemente vitalicio para la gente como ella, que su presencia en el gobierno constituye una anomalía, según sus propias palabras. La verdad es que recuperar este corte de radio para terminar el año ilustra muchas de las cosas que están pasando.

Que los chicos, chicas y chiques de Podemos y confluencias cundían mucho ya nos lo barruntábamos de hace tiempo. Pero que el PSOE, partido al que se le suponía coautor y defensor de las reglas del juego constitucional, se le haya ido la pinza legislativa, ha sido una sorpresa y no precisamente agradable. 

Hemos enfilado la última etapa del año (y parece que de la legislatura) con un sinvivir de leyes autodenominadas sociales, pero que son más bien socialistas, marxistas, leninistas, trosquistas, nihilistas y otras hierbas que creíamos en desuso y mire usted por donde que no, que nos las cuelan como la reinvención de la rueda, pero que en este caso se usa para atropellarnos.

  Lo que está pasando entre la Moncloa y la Carrera de San Jerónimo, con parada en Bailen, es una diarrea legislativa en toda regla, de leyes que apestan en lo jurídico y en lo democrático, en una especie de locura colectiva de un gobierno y unos grupos parlamentarios que lo sostienen que más parecen preocupados por repartirse los despojos de lo que quede de España que por gobernar para los ciudadanos. 

Llevan mucho tiempo haciéndolo, y algunos llevamos años denunciándolo, con poco éxito, me temo. ¿Saben cuántas modificaciones del Código penal llevamos con Sánchez como presidente del gobierno? Pues vigentes, once. Y en ciernes, la ya aprobada Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, que entra en vigor el próximo día 12 de enero y que es tramposa hasta en el título, intentando echar la culpa Europa de lo que no es sino un simple pago por los servicios, prestados y por prestar, al independentismo catalán. Pago que es a cuenta, si nos fiamos de lo que los deslenguados acompañantes sugieren, que ya hablan de referéndums, pero no para tipificarlos por ilegales, sino para organizarlos. 

Esta última reforma afecta a 29 artículos del Código penal que son modificados o suprimidos y a uno de la Ley de Represión del Contrabando; pero lo que se esconde entre esta amalgama de delitos que van desde el ocultamiento del cadáver hasta la desaparición de la sedición, pasando por las estafas informáticas y el abaratamiento de la malversación para amiguetes es precisamente la razón última de tal reforma, que no es, como debiera, el interés público sino el sálvese quien pueda, y el por mí y por todos mis compañeros y por mí primero. Tanto esfuerzo para que al final, se les vea la matrícula. 

Así que nos tenemos que tragar como la purga de Benito que la sedición no existe en Europa porque lo dice Sánchez, da igual lo que regulen los Códigos penales, no sea que la verdad nos fastidie la aprobación de los presupuestos. Que hay que decir que malversación es solo si te apoderas directamente del dinero, pues se dice y hágase la ley; y que si por ello, o para ello, se van de rositas los Junqueras y Cía., y de paso le ahorramos el mal trago a Griñán, pues miel sobre hojuelas. Que ya no va a estar penado gastar el dinerito público a lo loco, saltándose lo que haga falta, siempre y cuando no vaya directamente a tu cuenta corriente, pues chachi.

Por si fuera poco, el remate final ha sido de vergüenza ajena o de desvergüenza supina, intentando aprovechar el Pisuerga, Valladolid y las musas para meter contra la Constitución y la jurisprudencia constitucional el penúltimo intento de asalto a los poderes del Estado que no han podido capturar, porque los jueces son muy suyos y hacen lo que les dicta la ley y sus conciencias, vaya desfachatez. 

Así que han querido dar un ultimátum de los suyos a las Salesas, porque al fin y al cabo son el pueblo y si el pueblo no está de acuerdo, que se aguante, que no es nadie para decirles a ellos lo que tienen que hacer. Que si hay que decir que la ley del sí es sí no baja las penas, aunque las baje, dígase por mor de una enmienda a la Exposición de Motivos que venga a instaurar una nueva especie de “disposición transitoria permanente con efectos retroactivos” para que los violadores no salgan de la cárcel, porque así lo dijo el Código penal en 1995 para 1995. 

Que si los jueces no se someten a los designios gubernativos pueden acabar en la cárcel, que para eso los violadores han dejado celdas libres, pues que entren. Que resulta que todo este despropósito supone un enorme coste, económico, social y reputacional para España, para nuestra democracia y nuestras instituciones, pero sirve para mantener en la Moncloa a este bien nacional que es nuestro doctor presidente experto en supervivencias, pues loado sea el altísimo hacedor de leyes inconstitucionales. Ya nombrarán un tribunal constitucional ad hoc, que nos vengan con lo que quieran, que ya se encargará Conde Pumpido, que no teme ensuciarse con el polvo del camino y además incita a hacerlo, siempre que el polvo venga teñido del color ideológicamente correcto. Al fin y al cabo, cuando recurran la ley por inconstitucional nuestros “compis” estarán instalados en el órgano encargado de juzgarla, ¡qué tío Bolaños, un genio!

Y eso no es todo. Para muestra de la “productividad” normativa del gobierno y sus satélites tenemos recién aprobadas o en ciernes de hacerlo la ley trans, la de maltrato animal, la de modificación del aborto para que las menores puedan hacerlo sin conocimiento de los padres en enmiendas en el Senado, que serán rechazadas para que no tenga que volver al Congreso, deprisa, deprisa…

Tenemos la ley de violencia contra la infancia y su revisión inmediata con la ley de violencia sexual, o sí es sí y sus efectos también, que pasamos de creer a la hermana a poner al violador en la calle. Aprueba el gobierno, para no dejar títere con cabeza, el anteproyecto de diversidad familiar, taxonomía absurda e invasora de competencias autonómicas frente a la que (oh, milagro) permanecen silentes las Comunidades tradicionalmente más levantiscas, especialmente Cataluña, a la que ahora todo le parece bien, porque debe pensar que, para lo que le queda en el convento, pues eso: diarrea legislativa.

Este sería el último artículo que me hubiera gustado escribir este año. El año pasado terminaba mi colaboración en Nueva Alcarria con un “abriendo puertas” en el que deseaba como dice la canción, que fuéramos abriendo puertas y cerrando heridas, porque “yo te lo digo de corazón, el año nuevo será mucho mejor…” Pero no. Hemos pasado del decretazo de entonces al rodillo legislativo diarreico y sectario. Se impone abrir puertas y también las ventanas para ventilar y librarnos del tufo con el que se está despidiendo el año. 

Con toda esperanza, con toda la fe en España y en los españoles, hagamos que 2023 sea, de verdad, un buen año para todos. Está en nuestras manos.