CLM plantea unos presupuestos para un Modelo de Bienestar Social avanzado que garantizan la modernización de infraestructuras y la protección social
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha avanzado que “la Consejería cuenta con un presupuesto total para 2021 de 843,5 millones de euros, con un incremento de un 11,5% respecto al presupuesto destinado en 2020, es decir, añade 86,9 millones de euros más”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha plantea unos presupuestos para un Modelo de Bienestar Social Avanzado que garantizan la modernización de infraestructuras y la protección social. Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante la comparecencia ante la Comisión de Economía y Presupuestos en las Cortes regionales para informar del proyecto de presupuestos de la Consejería para 2021.
Aurelia Sánchez ha avanzado que “la Consejería cuenta con un presupuesto total para 2021 de 843,5 millones de euros, con un incremento de un 11,5% respecto al presupuesto destinado en 2020, es decir, añade 86,9 millones de euros más”. De esta manera, “el Gobierno del presidente Emiliano García-Page plantea unos presupuestos para un Modelo de Bienestar Social Avanzado que garantizan la modernización de infraestructuras y la protección social”, ha aseverado la consejera.
En este sentido, la titular de Bienestar Social ha señalado que el principal reto de la Consejería con los presupuestos 2021 es la adaptación del Modelo de Bienestar Social, “para lo que vamos a aprovechar la oportunidad que nos ofrecen los fondos europeos Next Generation, como mecanismo de recuperación y resiliencia con un ambicioso Plan de Inversiones que supondrá la modernización en la continuidad de cuidados desde el hogar hasta los centros residenciales” ha remarcado Aurelia Sánchez.
Dentro de esta adaptación hay tres proyectos imprescindibles, como son la implantación de un servicio de Telecuidado avanzado para las personas mayores y en situación de dependencia, el desarrollo del Plan de cuidados de larga duración como desafío al reto demográfico, poblacional y digital para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de nuestra comunidad, con una inversión global de 56,8 millones de euros, y la trasformación digital hacia un Sistema de Información Social, dirigido a modernizar y actualizar las herramientas al servicio de los y las profesionales y en beneficio de las personas usuarias.
En su intervención, Aurelia Sánchez ha destacado también el impulso del Sistema de Dependencia, “con un presupuesto total de 574,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,5% con respecto a 2020 con el objetivo de atender la promoción de la autonomía y la atención a las personas en situaciones de dependencia, garantizando la continuidad de los cuidados y la agilidad y eficiencia en la prestación de servicios”.
En este contexto, el Gobierno regional apuesta por el efectivo desarrollo del ‘Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia’ del Gobierno de España, “que supone un compromiso para avanzar en la corresponsabilidad de la financiación del Sistema con 600 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas, tal y como el Ejecutivo autonómico viene reclamando”, ha remarcado la titular de Bienestar Social.
Finalmente, Aurelia Sánchez ha subrayado que “el Gobierno regional ya está trabajando en el “Decreto de ordenación de las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales para personas en situación de dificultad económica o social”, con el objetivo de armonizar y adaptar las prestaciones sociales a las nuevas situaciones, a las necesidades derivadas de la Covid-19, y a la implantación del Ingreso Mínimo Vital”.
El apoyo económico para familias en situación de vulnerabilidad social y económica, se ve reflejada en el presupuesto con 50 millones de euros, y contempla un conjunto de prestaciones para las distintas situaciones de necesidad. Este se instrumenta a través de la intervención de los profesionales de los Servicios Sociales, que constituyen la garantía para lograr que las personas que peor lo están pasando consigan mejorar su situación de vida y su bienestar.