Elecciones generales en estado de crisis

Pensando en hoy, es imposible no recordar coyunturas críticas de ayer que alteraron las decisiones  políticas de los votantes. Establecida la democracia, se reduce el número de revoluciones necesarias para adaptar el poder político al nuevo estado de cosas en la sociedad. En general, la gente opta por esperar a las elecciones.  

Pero España, siempre distinta, hace pensar a muchos que cuando una dictadura no acaba mediante una revolución política que haga una buena limpieza, permanecen soterrados conflictos que aflorarán antes o después. Pero esta reflexión es solo el contexto para este relato.  Desde 1978, el año de la Constitución, en España han coincidido tres situaciones al límite con otros tantos procesos electorales. En 1982, 2004 y 2011 se alteraron los comportamientos de la población ante las urnas, propiciando resultados electorales imprevistos.   Nadie defiende hoy que sin el shock del 23F de 1981 se hubiera llegado a la aplastante victoria del PSOE en 1982. De manera tan profunda se alteró la decisión de aquellos votantes que ninguna encuesta acertó con la debacle que sufriría una UCD sin Suarez, ni con la absoluta mayoría de un González redivivo, que consiguió todo el beneficio del error de cálculo de los de Tejero.  

Ningún analista independiente se ha atrevido a defender que, sin el shock del 11M, Zapatero hubiera podido ganar las elecciones generales de 2004. Las encuestas ya no estaban en plazo de recoger el cambio de comportamiento electoral, que solo la ilimitada capacidad para ofender a todos con la mentira, desde el gobierno, propiciaría en el tiempo mínimo de 72 horas.   Salvo en el país que ha ganando con la crisis, en todos los demás las elecciones han propiciado cambios de gobierno. Nadie puede afirmar que la mayoría increíble de Rajoy en 2011 habría llegado si no se hubiera podido aprovechar del momento álgido de la mayor crisis económica, en tiempo de paz, que ha conocido la inmensa mayoría de los seres humanos vivos.   En dos de las tres crisis citadas, 1982 y 2011, la “rebelión de las masas” se manifestó no solo contra el partido gobernante, sino contra los políticos en general, aunque por motivos bien distintos.

La manera de hacerlo fue aprovechar que había dos urnas y rechazar la del eslabón más débil del sistema: el Senado. En 1982, con una clase política menos organizada y una democracia “en construcción”, el Senado recibió un rechazo total de 11.457.839 electores, que negaron el voto a los mismos partidos que en ese mismo acto apoyaron al Congreso. Y no fue sólo por el contexto de la Transición, pues en 1979 solo lo rechazaron 604.273 más que al Congreso. En 2011, en una situación política muy distinta y con todos los partidos y los medios de comunicación boicoteando y ocultando la consigna de rechazo al Senado nacida el 15M, 1.695.393 electores negaron el voto a los partidos que sí apoyaron en la misma mesa electoral para el Congreso. Más del doble que en las elecciones de 1996, que fueron en las que más rechazo recibió el Senado de las diez celebradas bajo esta Constitución.   De regreso a hoy, noviembre de 2015, en la cuarta coincidencia entre crisis y elecciones desde 1978 y caracterizada esta vez por la tensión máxima y sostenida gracias a la suma de recortes económicos, ruptura del bipartidismo y lío en Cataluña, es imposible imaginar cualquier resultado, también para un Senado que, de costoso retiro de privilegiados, va camino de convertirse en un factor de bloqueo contra cualquier cambio.  

Pero sobre esto especulamos desde el 6 de noviembre. Ese día, plazo límite para la presentación de coaliciones, políticos decisivos cegados por la ambición de poder pero solo si es bajo su control absoluto, han creado las bases para conseguir un reparto de diputados y senadores que impedirá acercarse al necesario para un cambio político hacia más y mejor democracia, tan presumido en sus mítines y en los programas electorales que defienden.