Instituciones y competencias

Salvo sorpresas, los españoles no iremos de nuevo a las urnas hasta la primavera de 2019, cuando se celebren elecciones municipales, autonómicas y europeas. Es posible que en Andalucía, como ya ocurrió en 2015, tengan lugar un par de meses antes, aunque dependerá de las posibilidades del candidato (o candidata, quién sabe) del actual partido allí en el poder. Ya saben que, en España, la necesidad de desmarcarse del resto no es un rasgo exclusivamente norteño sino algo que nos define a todos. También es posible que en Cataluña, por necesidades del guion independentista, se organicen unas elecciones “constituyentes” el año próximo, pero está por ver que se autoricen como tales y, en su caso, que se celebren.
    Es de prever, por tanto, que a nivel nacional en los próximos meses no haya sobresaltos, que se abra un tiempo de reacomodo para cada uno de los partidos, los cuales tienen sus respectivos congresos por delante, y que después de este interminable periodo electoral, que comenzó con las europeas de 2014 y nos ha hecho pasar por las urnas cuatro veces en apenas dos años, tengamos un horizonte de cierta calma política para afrontar algunas reformas que son necesarias desde hace tiempo. Entre ellas, destacan las que tienen que ver con la exigencia de repensar las funciones que deben cumplir cada una de las distintas administraciones públicas de las que a lo largo de nuestra historia nos hemos dotado. Hasta cinco niveles podemos encontrar en la actualidad: el municipal, el provincial, el autonómico, el estatal y el europeo. Es decir, una estructura compleja, sedimentada en distintas etapas históricas, que en ocasiones ha dado lugar a disfunciones y solapamientos que ya va siendo hora de resolver.
    En torno a esta cuestión, la Fundación Siglo Futuro (de cuya admirable labor de dinamización cultural, con su presidente Juan Garrido al frente, somos deudores todos los guadalajareños) organizó el pasado 27 de octubre una interesante mesa redonda en la que se planteó una pregunta que, en términos maximalistas, ha ocupado parte de la discusión electoral de los últimos años: ¿son necesarias en España instituciones como el Senado, las comunidades autónomas o las diputaciones provinciales? Tres reconocidos periodistas con presencia en medios de comunicación nacional, y como tales, formadores de opinión pública, dialogaron sobre este asunto, que tuve el honor de moderar.
    Sin entrar en detalles de por dónde transcurrió la conversación, algo imposible de realizar en este breve espacio, cabe destacar la unanimidad entre los ponentes de la mesa en la exigencia de una reforma total del Senado, cuando no de su desaparición; en la necesidad de ajustar las competencias autonómicas a las necesidades de los territorios y, por casi todos los participantes, de preservar las diputaciones. Dos de los periodistas participantes, no lo he señalado aún, son de Guadalajara, serranos para más señas, y conocen bien y sobre el terreno las carencias de la mayor parte de la provincia, de aquellos lugares donde la presencia de un organismo como la Diputación es cuestión de supervivencia. Raúl Conde, periodista de El Mundo, alabó la transformación que supuso la adopción por parte de las comunidades autónomas de competencias que, como la educación o la sanidad, hasta ese momento estaban mucho más alejadas de los ciudadanos, e insistió en la labor fundamental que prestan las Diputaciones en el ámbito rural y en su indispensable preservación aunque con las reformas oportunas. Por su parte, Javier del Castillo, periodista en Onda Cero hasta hace poco y colaborador en la prensa provincial, también defendió la necesidad de un organismo cercano a los pueblos, que procure esos servicios que ninguna otra administración está en disposición de prestar.
    El problema, dejando al margen al Senado, cuya existencia sólo es justificable para los partidos políticos que encuentran en él financiación y colocación para sus integrantes, se centra por tanto en quién gestiona qué competencias. La actual fragmentación parlamentaria puede facilitar que a partir de ahora se aborde el problema, se corrijan los desajustes y se emprendan esas reformas aplazadas una y otra vez, aunque a la vista de lo que ha costado formar gobierno (sangre, sudor y lágrimas, en algún caso literalmente) mucho me temo que sea tan complicado llegar a acuerdos que unas fuerzas y otras, por mucho que se invoque al consenso, se neutralizarán entre sí.
    La única posibilidad de desenmarañar la situación pasaría por la aplicación del arrinconado principio de subsidiariedad, es decir, que las competencias de los temas más cercanos al ciudadano sean asumidas por la administración más cercana, que lo que pueda hacer el municipio lo haga el municipio y no la diputación, que lo que puede hacer la provincia lo hagan las diputaciones y no las comunidades autónomas, y que lo que pueda hacer la comunidad autónoma lo haga ella y no el Estado. Si la transferencia de competencias a las comunidades supuso un hito a comienzos del presente siglo, cabe invocar una segunda transferencia a instituciones que, como las diputaciones o los ayuntamientos, están más cerca del terreno. Evitar las duplicidades y planificar racionalmente las competencias nos pondría en el camino de una Administración moderna y adecuada a las necesidades de los españoles. Así sea.