Izquierda Unida y sindicatos critican la situación de la vivienda en Castilla‑La Mancha
Azuqueca de Henares acogió el pasado 13 de junio una jornada pública sobre vivienda organizada por Izquierda Unida, en la que representantes políticos y sindicales analizaron la situación en Castilla‑La Mancha y reclamaron una mayor implicación institucional para garantizar este derecho.
El acto fue presentado por Rodrigo Blasco Blas, concejal de IU en Azuqueca, con la participación de Carolina Cordero, portavoz federal de vivienda de IU; María José Pérez Salazar, portavoz del grupo municipal en Azuqueca; Juan Carlos del Puerto, secretario de Empleo de CCOO Castilla‑La Mancha; y Juan Antonio Pendás, secretario general de UGT Guadalajara.
Coincidiendo en la idea de que la vivienda sigue siendo una fuente de desigualdad social, los ponentes consideran que la situación actual es el resultado de un mercado dominado por la especulación. Carolina Cordero afirmó que “la crisis de la vivienda es un problema estructural” y criticó que se haya convertido en “mercado, inversión y especulación” por parte de bancos y fondos buitre, lo que impediría el “derecho fundamental a una vivienda digna”.
En el ámbito local, María José Pérez acusó al Gobierno regional de falta de voluntad para aplicar la Ley de Vivienda, señalando que Castilla‑La Mancha “ha bloqueado la declaración de zonas tensionadas”. Pérez anunció un plan municipal que incluye medidas como topes al precio del alquiler, promoción de vivienda social y acciones para emergencias habitacionales.
Desde CCOO, Juan Carlos del Puerto reclamó una ley autonómica que garantice el acceso a la vivienda, calificando la situación actual de ausencia de proyectos serios en la región. El representante de UGT Guadalajara, Juan Antonio Pendás, añadió que es necesario un cambio de mentalidad: la vivienda debe dejar de ser mercancía y convertirse en un derecho real.
Los ponentes reiteraron que el acceso a la vivienda es hoy un factor clave de exclusión y desigualdad, y pidieron medidas concretas por parte de los Ayuntamientos, la Junta y el Gobierno central.