Jugar con la salud de los ciudadanos

El incendio de Chiloeches ha sido de una tremenda gravedad. Auguran los entendidos del sector que se estudiará como el peor escenario posible de accidente en una instalación de este tipo. Por el tipo de residuos, las cantidades (entre 20.000 y 30.000 toneladas) y la situación de la planta, todos los factores apuntaban la catástrofe. Menos mal que en esta ocasión, al menos, la meteorología no empeoró las cosas y se llevó la negra nube de humo tóxico hacia arriba en lugar de hacerlo sobre las ciudades próximas. Sin menospreciar la actuación de los bomberos, determinante en éste como en otros fuegos.
Pero la catástrofe sigue ahí, con o sin cortina de humo, y sus efectos también.
El incendio de la planta de KUK Medioambiente (gestionada durante un tiempo por el Grupo Layna), en el polígono de Chiloeches ha puesto en evidencia, una vez más, la pésima gestión que algunas empresas hacen de los residuos. Y no meto aquí a todas, quiero pensar que también las habrá con la dignidad y profesionalidad suficiente para hacer las cosas bien.
No es la primera vez que los residuos acaban en una gran hoguera. Reciente está el caso de Seseña y un poco más alejado en el tiempo el de la planta de Alquimia, en Daimiel. Por la geografía nacional podemos encontrar otros ejemplos de cómo se deshacen las empresas de los residuos, sin ir más lejos en la planta de Fuentepelayo, en Castilla y León.
Pero lo que ha revelado este incendio es una práctica que repugna más que los productos que almacenaba. Un incendio puede, o podría, ser un accidente, pero el tratamiento que se hacía de los residuos, la mayoría muy nocivos, es algo premeditado y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos y del medio ambiente. Lo que debería ser tratado con especial atención a los requisitos y normas exigidas en materia de residuos peligrosos se trataba como escombros, acabando en un vertedero sin medidas de contención, lo que permite que esas sustancias tóxicas lleguen al medio ambiente.
Es cierto que hay que exigir responsabilidades a la administración, que debe velar por el cumplimiento de las normas y por la seguridad de los ciudadanos, pero no debemos olvidar la responsabilidad del señor o señores que por cuadrar sus cuentas de beneficios deciden jugar con la salud de las personas. ¿No se debería, en casos como estos, inhabilitar a estas empresas para seguir trabajando en el sector, como sucede en otras profesiones?
Y los productores de residuos que ‘confían’ en estos gestores solo porque les ofrecen un precio muy por debajo del mercado, ¿son víctimas o cómplices? Es difícil creer que grandes empresas que gastan partidas importantes en la gestión de sus residuos no sabían lo que pasaba en esta planta, que no se molesten en ver lo que hay detrás de un bajo precio… Puede que estén cumpliendo con la ley, pero no con la responsabilidad que merece el saber que se juega con la salud y la vida de los ciudadanos. Pero al final siempre es lo mismo: el dinero.
Todo ello sin entrar en el origen del fuego. Ese es otro asunto que los tribunales tendrán que determinar. Pero el mero hecho de pensar que puede haber sido intencionado para ahorrarse lo que costaría deshacerse legalmente de 20.000 toneladas de residuos, la mayoría peligrosos, pone lo pelos de punta.
Ahora toca analizar, limpiar y descontaminar, a nivel de responsabilidades y a nivel de suelo. Y ¿quién limpia los residuos dejados por el incendio de residuos? Esperemos que sea una de esas empresas que sí hacen las cosas bien.