30/01/2017 / 14:37
Redacción


La economía colaborativa

En la provincia de Guadalajara, en el portal Airbnb, hay trescientos ‘anfitriones’ que ofrecen una habitación en sus casas o una casa entera para que un grupo de amigos, una pareja o una familia puedan pasar unos días de vacaciones.


En los últimos años cada vez es más frecuente recurrir a una plataforma de Internet para alquilar una habitación, una casa o plaza en un coche particular para desplazarse a otra ciudad compartiendo gastos de gasolina. Es todo un mundo de oportunidades que permite a los usuarios de estos servicios obtenerlos de forma más barata y a los prestadores sacarse un dinero. La crisis económica y el auge del mundo digital han estado en el origen, pero, lejos de ser una situación coyuntural, es un fenómeno en expansión que beneficia a muchos pero que también perjudica a otros , aquellos que de manera profesional se dedican al turismo como casas rurales, hoteles, taxis, transportes, agencias de viaje…, empresas o autónomos que cotizan, pagan numerosos impuestos, crean puestos de trabajo, sufren muchas  normativas  y cuyo negocio se resiente por estas prácticas que no son ilegales, simplemente porque no están reguladas. Las leyes siempre van por detrás de los usos sociales adaptándose a las nuevas realidades pero los legisladores no pueden demorarse en exceso ante situaciones como ésta, que va en crecimiento. En la provincia de Guadalajara, en el portal Airbnb, hay trescientos ‘anfitriones’ que ofrecen una habitación en sus casas o una casa entera para que un grupo de amigos, una pareja o una familia puedan pasar unos días de vacaciones. La seguridad en la operación está garantizada en todos los sentidos y las dos partes contratantes salen beneficiadas. Como todo  tiene su parte positiva y en una economía de libre mercado es admisible. Sin embargo, son actividades que deben ser reguladas por las administraciones competentes obligando, como mínimo, a darse de alta a los oferentes en algún epígrafe de Hacienda, a la existencia de un contrato que fije el precio y las condiciones del servicio para evitar fraudes fiscales y permitir reclamaciones, así como la obligatoriedad de que esos lugares cumplan con las condiciones higiénicas y de salubridad que se exigen a cualquier alojamiento. En definitiva se trata de poner límites  que permitan competir en  igualdad.


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