Ley regional contra la despoblación rural
La nueva ley debe ser ante todo realista con lo que los jóvenes necesitan para quedarse en los pueblos, muchos con hijos, y los mayores requieren para poder continuar.
Plasmar en un texto legislativo las medidas sobre las que tantas veces se ha opinado en distintos foros es lo que está haciendo ya el Gobierno regional con el objetivo de fijar población en los pequeños núcleos y frenar la salida de sus habitantes en busca de los servicios y oportunidades que si ofrecen las localidades más grandes. La comarca de Molina de Aragón y la Sierra Norte están entre las más despobladas de Europa, dato llamativo, preocupante y alarmante sobre el que la Unión Europea ha advertido tomando cartas en el asunto y sobre el que existe cada día una mayor concienciación social, gracias también a movilizaciones y al trabajo de asociaciones o plataformas. La España vaciada preocupa. Por ello la Junta de Comunidades creó, bajo la presidencia de la alcaldesa de Sigüenza, en 2019, la Comisión de Despoblación con reuniones semanales en las que se da voz a todas las sensibilidades, a cuantos tienen desde distintas ópticas una visión que aportar. Nueva Alcarria ha tenido acceso esta semana al Anteproyecto de Ley contra la Despoblación Rural que prepara el ejecutivo de García Page y comprobado que algunas de las medidas en él contempladas ya se recogían en el llamado Manifiesto de Sigüenza, fruto del I Foro de Desarrollo Rural que organizó en 2018 nuestro periódico con los grupos de Desarrollo Rural y que contó con la participación del propio presidente regional y del provincial, en el que tuvieron lugar varias mesas y múltiples reflexiones sobre una problemática que solo cabe afrontar desde una visión integral que contemple todos los aspectos, desde el transporte- (Brihuega y Cifuentes precisan con urgencia de autobuses, hay que recuperar líneas y frecuencias e implementar otras), la tecnología (si hay cobertura e internet será posible el teletrabajo que se ha mostrado útil durante la pandemia), la educación (escuelas abiertas aunque sea para pocos alumnos) o la sanidad (atención médica y centros de día para los mayores) al apoyo del emprendimiento por distintos estímulos, la modernización de las explotaciones agrarias, base de la economía rural junto al turismo, los beneficios fiscales para los contribuyentes residentes en estas zonas o las facilidades para apertura de sucursales bancarias, entre otras consideraciones. La nueva ley debe ser ante todo realista con lo que los jóvenes necesitan para quedarse en los pueblos, muchos con hijos, y los mayores requieren para poder continuar.