05/09/2016 / 14:22
Redacción


Los derechos de autor, un canon a revisar

Las tarifas y los conceptos de pago son motivo de discrepancia en muchas ocasiones entre ayuntamientos y la SGAE .


Cualquiera puede entender que la difusión de la letra de una canción, la representación de una obra de teatro o de cualquier patrimonio cultural, sea en el formato que sea,  devengue un pago al autor o editor del mismo como reconocimiento a su trabajo o idea. Es lo que conocemos como derechos de autor y es la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la entidad privada que se dedica a defender estos derechos de propiedad intelectual, contando incluso con un Centro de Documentación y Archivo para garantizar la conservación y el acceso a esas obras musicales, dramáticas, coreográficas o audiovisuales que administran. Nadie escapa a su control, a su vigilancia y a sus facturas, ni bares, ni peluquerías, ni centros comerciales, empresas contratantes de eventos...  ni ayuntamientos, encargados de la organización de numerosas actividades culturales en sus municipios y en particular de las fiestas patronales que implican charangas por las calles, títeres, verbenas musicales, espectáculos teatrales... Está bien que exista esta regulación y se proteja el derecho de escritores, músicos o artistas. Es lógico y entendible. Los problemas surgen a la hora de baremar los cánones, de imputar a un ayuntamiento el pago de una actividad organizada en su municipio por una entidad privada o cuando se cobra al consistorio y también a la empresa que hace la contratación de la actividad.  Las tarifas y los conceptos de pago son motivo de discrepancia en muchas ocasiones entre ayuntamientos y la SGAE hasta el punto de considerar algunos  la labor de ésta como un auténtico negocio, un abuso, que supone el pago de más facturas para los consistorios que administran dinero público. La tarifa plana para los municipios más pequeños es una buena solución porque al menos permite fijar el gasto. Para los demás es otro quebradero de cabeza y cuando hay malestar es porque la regulación en esta materia no está lo suficientemente bien hecha para proteger los derechos de todos, también los de los ciudadanos de acceso a la cultura. Tal vez sea otro de esos tantos temas a revisar.


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