Una política para reequilibrar la cadena agroalimentaria
22/08/2011 - 18:00
La agricultura castellano-manchega y española está atravesando uno de sus períodos más difíciles desde que entró a formar parte de la UE. El sector agrario sigue envejeciendo de manera alarmante.
Un 31% de las personas que viven en el medio rural tienen más de 65 años, y si bajamos a los 55 años esa proporción supera el 60%. La actividad agrícola no es atractiva para la incorporación de nuevos agricultores.
Si no logramos invertir esta tendencia será un problema a medio plazo para mantener la competitividad de la producción agroalimentaria, la gestión medioambiental y la cohesión social en las zonas rurales. Desde la reforma de la PAC en 2003 los diferentes subsectores han entrado en una dinámica de precios que ha provocado una pérdida continuada en las rentas de los agricultores hasta situarlas, en términos constantes, a niveles de 1995. Se da la paradoja de que esta situación se ha producido a pesar de un incremento en las ayudas directas desacopladas, que reciben los productores.
Básicamente las razones que justifican esta caída progresiva de las rentas en el sector y la consiguiente desafección por parte de los jóvenes, se deben tanto a razones externas como internas. Entre las primeras estarían la desaparición/limitación de los instrumentos de regulación de mercado previstos en la PAC, la concentración de la gran distribución minorista, la globalización de los mercados y la ausencia de reciprocidad en el cumplimiento de la reglamentación UE y los efectos de la crisis económica. Las consecuencias de éstos factores exógenos son difíciles de atender con estrategias regionales o nacionales y, en consecuencia, exigen actuaciones coordinadas, sea a nivel comunitario o en foros internacionales (volatilidad de precios, insuficiencia de los mecanismos de regulación de mercado actuales, reciprocidad en los intercambios con países terceros, crisis económica mundial,...).
Sin embargo, y si bien los problemas anteriores también están afectando a toda la UE, la atomización existente en la producción de nuestra región, así como la escasa dimensión que tienen nuestras industrias agroalimentarias, están provocando unas tensiones en la cadena muy superiores a las que se están produciendo en aquellas áreas geográficas que cuentan con una mejor estructura agroindustrial y una mayor concentración de oferta alimentaria.
En consecuencia, debemos ser realistas y pensar que los efectos exógenos tienen un mayor impacto en España y Castilla-La Mancha como consecuencia de factores internos, como es una deficiente estructura en la cadena. En la actualidad la gran distribución se ha convertido en la protagonista. La conformación de precios se produce en destino y de ahí se van trasladando hacia los eslabones de la producción, en el sentido contrario a como se configuraban en el pasado. El problema del desequilibrio en la cadena agroalimentaria ha sido señalado como uno de los principales factores que provocan esta situación en la agricultura comunitaria.
Las conclusiones del Grupo de Alto Nivel que analizó la competitividad de la industria agroalimentaria, diversos dictámenes del Parlamento Europeo, la propia Comunicación de la Comisión para la reforma de la PAC y, finalmente, las conclusiones de la Presidencia Española en 2010, coinciden en señalar al desequilibrio existente como una de las principales amenazas para el crecimiento del sector. De hecho se han encargado propuestas concretas, tanto a la Comisión como a los Estados miembros, para corregirlo, En España hemos avanzado con la aprobación de la ley de lucha contra la morosidad y estamos ahora estudiando una futura Ley de Medidas para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena alimentaria, que sin duda será pionera en Europa y que podrá contribuir a mejorar las relaciones entre proveedores y clientes, pero sólo podrán ser efectivas si van acompañadas de un redimensionamiento estructural que atenúe las diferencias de posición entre los operadores.
Necesitamos una política agroalimentaria en Castilla-La Mancha que oriente y priorice a los instrumentos actuales para alcanzar un redimensionamiento de las empresas comprometidas con los agricultores y ganaderos de nuestra región, es decir con las cooperativas. Ello implica tomar decisiones en el ámbito legal, pero también habilitar políticas que vayan orientadas a los objetivos que todos perseguimos, procurando el cambio estructural que necesita el sector agrícola y ganadero. El grado de dimensión, concentración y organización de la producción agroalimentaria define la competitividad del sector productivo, y queda mucho por recorrer en nuestra región. Tenemos claros ejemplos en la UE que ponen de manifiesto que la concentración de la oferta y una correcta dimensión de sus cooperativas han conseguido mejorar la renta de sus productores y la eficiencia en la cadena agroalimentaria. Solamente las empresas cooperativas con una dimensión relevante son capaces, por su naturaleza y vínculos con sus socios, de cumplir con los objetivos de defensa de la renta de sus productores en el mercado y hacer que la producción sea sostenible desde el punto de vista económico, social y territorial.
El Plan de Competitividad del Cooperativismo Agro-alimentario Castellano-Manchego, propuesto a la nueva consejera de Agricultura Maria Luisa Soriano, para mejorar la organización y la concentración de la producción agroalimentaria, debe fomentar medidas estructurales que sin duda darán resultados a medio y largo plazo y sin las cuales no será posible afrontar el futuro con posibilidades de éxito. El Partido Popular ha ganado las elecciones y es responsable, junto al propio sector cooperativo, de que en los cuatro años próximos avancemos sustancialmente en dicha dirección. Reiteramos nuevamente el compromiso de Cooperativas Agro-alimentarias de asumir nuestro papel.
Si no logramos invertir esta tendencia será un problema a medio plazo para mantener la competitividad de la producción agroalimentaria, la gestión medioambiental y la cohesión social en las zonas rurales. Desde la reforma de la PAC en 2003 los diferentes subsectores han entrado en una dinámica de precios que ha provocado una pérdida continuada en las rentas de los agricultores hasta situarlas, en términos constantes, a niveles de 1995. Se da la paradoja de que esta situación se ha producido a pesar de un incremento en las ayudas directas desacopladas, que reciben los productores.
Básicamente las razones que justifican esta caída progresiva de las rentas en el sector y la consiguiente desafección por parte de los jóvenes, se deben tanto a razones externas como internas. Entre las primeras estarían la desaparición/limitación de los instrumentos de regulación de mercado previstos en la PAC, la concentración de la gran distribución minorista, la globalización de los mercados y la ausencia de reciprocidad en el cumplimiento de la reglamentación UE y los efectos de la crisis económica. Las consecuencias de éstos factores exógenos son difíciles de atender con estrategias regionales o nacionales y, en consecuencia, exigen actuaciones coordinadas, sea a nivel comunitario o en foros internacionales (volatilidad de precios, insuficiencia de los mecanismos de regulación de mercado actuales, reciprocidad en los intercambios con países terceros, crisis económica mundial,...).
Sin embargo, y si bien los problemas anteriores también están afectando a toda la UE, la atomización existente en la producción de nuestra región, así como la escasa dimensión que tienen nuestras industrias agroalimentarias, están provocando unas tensiones en la cadena muy superiores a las que se están produciendo en aquellas áreas geográficas que cuentan con una mejor estructura agroindustrial y una mayor concentración de oferta alimentaria.
En consecuencia, debemos ser realistas y pensar que los efectos exógenos tienen un mayor impacto en España y Castilla-La Mancha como consecuencia de factores internos, como es una deficiente estructura en la cadena. En la actualidad la gran distribución se ha convertido en la protagonista. La conformación de precios se produce en destino y de ahí se van trasladando hacia los eslabones de la producción, en el sentido contrario a como se configuraban en el pasado. El problema del desequilibrio en la cadena agroalimentaria ha sido señalado como uno de los principales factores que provocan esta situación en la agricultura comunitaria.
Las conclusiones del Grupo de Alto Nivel que analizó la competitividad de la industria agroalimentaria, diversos dictámenes del Parlamento Europeo, la propia Comunicación de la Comisión para la reforma de la PAC y, finalmente, las conclusiones de la Presidencia Española en 2010, coinciden en señalar al desequilibrio existente como una de las principales amenazas para el crecimiento del sector. De hecho se han encargado propuestas concretas, tanto a la Comisión como a los Estados miembros, para corregirlo, En España hemos avanzado con la aprobación de la ley de lucha contra la morosidad y estamos ahora estudiando una futura Ley de Medidas para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena alimentaria, que sin duda será pionera en Europa y que podrá contribuir a mejorar las relaciones entre proveedores y clientes, pero sólo podrán ser efectivas si van acompañadas de un redimensionamiento estructural que atenúe las diferencias de posición entre los operadores.
Necesitamos una política agroalimentaria en Castilla-La Mancha que oriente y priorice a los instrumentos actuales para alcanzar un redimensionamiento de las empresas comprometidas con los agricultores y ganaderos de nuestra región, es decir con las cooperativas. Ello implica tomar decisiones en el ámbito legal, pero también habilitar políticas que vayan orientadas a los objetivos que todos perseguimos, procurando el cambio estructural que necesita el sector agrícola y ganadero. El grado de dimensión, concentración y organización de la producción agroalimentaria define la competitividad del sector productivo, y queda mucho por recorrer en nuestra región. Tenemos claros ejemplos en la UE que ponen de manifiesto que la concentración de la oferta y una correcta dimensión de sus cooperativas han conseguido mejorar la renta de sus productores y la eficiencia en la cadena agroalimentaria. Solamente las empresas cooperativas con una dimensión relevante son capaces, por su naturaleza y vínculos con sus socios, de cumplir con los objetivos de defensa de la renta de sus productores en el mercado y hacer que la producción sea sostenible desde el punto de vista económico, social y territorial.
El Plan de Competitividad del Cooperativismo Agro-alimentario Castellano-Manchego, propuesto a la nueva consejera de Agricultura Maria Luisa Soriano, para mejorar la organización y la concentración de la producción agroalimentaria, debe fomentar medidas estructurales que sin duda darán resultados a medio y largo plazo y sin las cuales no será posible afrontar el futuro con posibilidades de éxito. El Partido Popular ha ganado las elecciones y es responsable, junto al propio sector cooperativo, de que en los cuatro años próximos avancemos sustancialmente en dicha dirección. Reiteramos nuevamente el compromiso de Cooperativas Agro-alimentarias de asumir nuestro papel.
