Jurado popular

Guadalajara alberga estos días el juicio con jurado popular por el único caso de violencia de género que sufrió nuestra provincia en el año 2012 cuando un hombre fue detenido en Milán por matar, presuntamente, a su compañera sentimental en Guadalajara en aquel mes de agosto. El acusado, de nacionalidad ecuatoriana, se enfrenta a una solicitud de pena de 15 años de prisión que es lo que pide para él la fiscalía por un homicidio con agravante de parentesco. La víctima apareció en un descampado cercano al Hospital de Guadalajara. Los nueve guadalajareños que forman el jurado deberán decir si consideran o no probados los hechos enjuiciables y su veredicto vinculará al magistrado que determinará la pena exacta en función de las circunstancias del caso y su propia valoración dentro del arco que establece el código penal para el delito en concreto. La institución del jurado popular, regulada por una ley de 1995 que desarrolla lo previsto en la Constitución de 1978- por cierto ya se contemplaba en la de 1812- ha tenido, creemos, poca aceptación popular y tampoco se acude a ella con mucha frecuencia.

La prueba es que los jurados, que resultan de un sorteo entre los censados, con causas de exclusión, se agarran a lo que pueden para excusarse por lo ingrato, violento y molesto que les resulta pasar unos días en la sala de un juzgando decidiendo sobre la libertad de una persona. Entienden, normalmente, que corresponde a los jueces, escuchadas las partes y estudiadas las pruebas, decidir si alguien es inocente o culpable y no a ellos. No es ya un problema de preparación jurídica sino de conciencia y sin embargo es un deber inexcusable como formar parte de una mesa electoral. Estamos en democracia y tenemos nuestras obligaciones pero la cultura española no es la americana y a la mayoría no nos gustaría tener que pasar por esta situación. Si hay que reconocer, en cambio, que es un reto y estímulo para los abogados que tienen que modificar sus tácticas para convencer a personas no letradas en tecnicismos y llegarles más al corazón que a la razón. Es un mecanismo de participación democrática, sin duda, pero nos parece un innecesario e ineficiente gasto para las arcas públicas que a nadie, o a pocos, satisface.