El Comité Provincial del PSOE aprueba una decena de resoluciones contra los recortes de Cospedal

 

  “Vamos a hablar de nuestra organización, pero sobre todo de lo que importa a los ciudadanos: de los temas sociales y de las soluciones de futuro para crear empleo y recuperar la confianza en nuestra sociedad”, ha afirmado al inicio de la reunión, a la que han asistido cerca de dos centenares de representantes del partido. Para ello, el Comité Provincial ha aprobado una decena resoluciones, referidas a los recortes que está haciendo el Gobierno de María Dolores Cospedal en servicios públicos básicos como la sanidad y la educación, las agresiones que está sufriendo el mundo rural o la amenaza que se cierne sobre los ayuntamientos, que pueden ver severamente limitada su autonomía.

 

   Además, según ha explicado Bellido, también se han abordado otros asuntos de plena actualidad como los desahucios, la violencia de género, las tasas judiciales y la revalorización de las pensiones, así como el control de la gestión de los representantes del PSOE en instituciones públicas. Una de las resoluciones más importantes ha sido la relativa al Hospital Universitario de Guadalajara, centro de referencia para toda la provincia.

 

  El texto exige que se mantenga la plantilla y el número de camas que tenía antes del cierre definitivo de una planta y el despido de más de un centenar de profesionales solo durante el pasado verano. Después de un año y medio de gobierno de Cospedal, no solo se ha paralizado definitivamente la ampliación de este centro sanitario, según confirmó ayer mismo el propio consejero, José Ignacio Echániz, sino que incluso se han reducido los recursos existentes.

 

  También la Atención Primaria se está viendo seriamente mermada por decisiones como el cierre de seis servicios de urgencias. Educación Junto con la sanidad, la educación es otra de las grandes víctimas de Cospedal. De hecho, en el Presupuesto de 2013 va a reducir a la mitad los recursos en todos los niveles de enseñanza.

 

  En Guadalajara este curso escolar ha empezado con cerca de 500 profesores menos, a pesar de que el número de alumnos ha aumentado, y se han cerrado más de media docena de escuelas rurales. Por eso, el Comité Provincial del PSOE se ha pronunciado en contra de estos “drásticos recortes, que están haciendo perder la identidad de una educación de todos y para todos”. Medio rural Los recortes se están cebando de manera muy especial en el medio rural.

 

  Al mencionado cierre de urgencias y escuelas, se une la desaparición de líneas de transporte o el despido de empleados públicos que prestaban servicio en los pueblos y contribuían a fijar población. El resultado es una seria amenaza para la supervivencia de un modo de vida que ocupa la gran mayoría del territorio provincial. Frente al abandono, cuando no las agresiones, que están sufriendo los pueblos por parte de los gobiernos del PP –tanto en la Junta de Comunidades como en la Diputación y el Gobierno de España–, los socialistas de Guadalajara ha levantado la voz para reivindicar el derecho a residir en el medio rural con unas adecuadas condiciones de acceso a los servicios básicos y para recordar la obligación de los poderes públicos de priorizar medidas que favorezcan su desarrollo.

 

Desahucios

 

Frente al problema de los desahucios, el PSOE de Guadalajara ha expresado su rechazo al decreto recientemente aprobado por el Gobierno de Rajoy “porque no soluciona el problema en su dimensión real, al quedar excluidas miles de familias que van a seguir sufriendo igual que ahora su dramática situación”. Los socialistas han presentado en el Congreso de los Diputados y también en las Cortes de Castilla-La Mancha iniciativas para abordar con garantías la paralización de los desalojos y atajar las situaciones de sobreendeudamiento e insolvencia que conducen a este desenlace. Además, se ha propuesto la modificación de la ley hipotecaria y la utilización de viviendas públicas para proporcionar alquileres sociales a las familias desahuciadas.

 

Empleo y pensiones

 

El empleo y la revalorización de las pensiones también han sido objeto de sendas resoluciones. En la primera de ellas, el PSOE de Guadalajara pide al Gobierno regional que recupere las políticas activas de empleo y cese el desmantelamiento del sector público. Cospedal llegó al poder prometiendo puestos de trabajo con el eslogan “¿Buscas empleo? Vota PP”. Sin embargo, año y medio después, en la región hay 34.500 parados más y Guadalajara también ha alcanzado la cifra récord de 24.577 desempleados, con un incremento del 13,5% en el último año.

 

   En relación con las pensiones, se ha aprobado una resolución que se aplique el IPC real de noviembre para calcular su revalorización y evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, que ya han tenido que hacer frente a medidas como el pago de medicamentos. Administración local Los socialistas de Guadalajara han dedicado también su atención a la situación de la administración local, amenazada por una reforma promovida por el Gobierno de Rajoy que puede limitar severamente la autonomía municipal y hacer que desaparezcan las entidades locales menores.

 

  Además, han reclamado a Cospedal que pague de una vez la deuda que mantiene con los ayuntamientos de la provincia, generada en su mayor parte por la prestación de servicios que son competencia del propio Gobierno regional.

 

Violencia de género

 

 La conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género en la jornada de mañana ha estado muy presente en el Comité Provincial del PSOE de Guadalajara, reunido hoy, mediante la aprobación de una resolución que denuncia los recortes en recursos destinados a prevenir esta lacra social y atender a las víctimas. “Este año, el grito debe ser mayor porque la violencia de género está cayendo en el olvido. Ahora, el Gobierno no condena los asesinatos, no sensibiliza y está dejando de prestar apoyo a las víctimas.

 

  Desde que el PP ganó las elecciones, España ha retrocedido catorce puestos en el Índice del Foro Económico Mundial, y el más sangrante de todos estos pasos atrás es el que afecta al derecho de las mujeres a vivir sin violencia de género, cuestión que también está sufriendo importantes recortes” señala el documento. Desde 2011, el presupuesto del Gobierno de España para la prevención integral de la violencia de género se ha visto reducido en un 27%, lo que supone más de ocho millones de euros, y para 2013 se prevé quitar otro millón de euros a los programas de asistencia social para víctimas.

 

  El Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial ya ha advertido de que estos recortes son responsables de que muchas mujeres retiren las denuncias, puesto se encuentran en situación de desprotección tras presentarlas. También en Castilla-La Mancha se están reduciendo los presupuestos, los recursos y los servicios de atención a las afectadas. “Podemos afirmar que estos recortes en políticas de igualdad están poniendo en situación de riesgo a las mujeres y a sus hijas e hijos”, señala la resolución.

 

  Por eso, el PSOE de Guadalajara reclama la restauración de los programas que han sido eliminados, así como el restablecimiento de los recursos materiales y humanos que forman parte de la red de centros de mujeres de la provincia, casas de acogida y centros de urgencia, cuyo presupuesto ha sido drásticamente disminuido por el Gobierno del PP. La subida de tasas judiciales, una traba para las víctimas Además la resolución insiste en la importancia de continuar potenciando las campañas de sensibilización y concienciación social y defiende la educación basada en valores de igualdad como base para una sociedad plenamente igualitaria.

 

  Por otro lado, apuesta por el mantenimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción voluntaria del Embarazo, y rechaza la subida de las tasas judiciales promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, porque supone una traba económica para denunciar a los agresores. De hecho, el Comité ha aprobado también una resolución en contra de la nueva ley de tasas, por considerar que restringe el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y puede causar indefensión a colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres víctimas de la violencia machista.