Los expertos alertan del "impacto negativo" que tendría la venta de montes públicos

 

  El presidente de la Asociación Serranía, Fidel Paredes, explicó la relevancia de este asunto para una comarca como la Sierra de Guadalajara, “cuya principal riqueza es precisamente su patrimonio natural”, subrayó. El planteamiento de la Asociación Serranía en este asunto es el mismo que esgrimió en ocasiones anteriores con el Parque Natural de la Sierra Norte, la gestión del agua y la plaga de la “Procesionaria”. Según Paredes, “se trata de ofrecer información a los ciudadanos, desde un punto de vista divulgativo y técnico, para que tengan todos los puntos de vista. A partir de ahí, que cada uno saque sus conclusiones”, puntualizó.

 

   Los especialistas coincidieron en señalar la importancia que tiene el cuidado de la gestión de los montes para la comarca de la Sierra. La posible venta de montes de utilidad pública saltó a la palestra en Castilla-La Mancha tras un informe hecho público por Ecologistas en Acción el pasado febrero. En este documento, la organización conservacionista advertía de las intenciones del Gobierno regional para vender espacios naturales públicos con el fin de sumar recursos económicos para enjugar el déficit.

 

  Según la información relevada por la entidad ecologista, la Junta de Castilla-La Mancha tendría la intención de vender 11 montes de utilidad pública en Guadalajara, que afectan a 9 términos municipales (Guadalajara, Arbancón, Semillas, Tortuero, Monasterio, El Cardoso de la Sierra, Peralveche, Tendilla y Tórtola de Henares). En total, casi 9.500 hectáreas. Guadalajara sería la tercera provincia más afectada por esta medida en número de hectáreas y montes de utilidad pública.

 

  Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha, señaló que “más del 82% de la superficie que se pondría a la venta se encuentra dentro del Parque Natural Sierra Norte y la Red Natura 2000”. Desde el Gobierno regional, tanto la presidenta como la consejera de Agricultura, han negado que se hayan planteado vender montes públicos. Hernández aportó dos datos concretos que pondrían en cuestión esta negativa: la partida de ingresos previstos por “venta de bienes en terrenos rústicos” de 45,6 millones de euros recogida en los Presupuestos de la región para 2013 y, por otro, el listado de montes de utilidad pública que serían susceptibles de ser puestos a la venta.

 

  Esta lista, según reveló el portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha, fue elaborada gracias a la información transmitida por los propios técnicos y funcionarios de la Administración. “Castilla-La Mancha tiene 180.000 hectáreas de terreno rústico, de las que 170.000 son montes de utilidad público. Si la venta pretende hacerse de los 10.000 restantes es imposible obtener los 45,6 millones de euros previstos”, recalcó Hernández, quien reveló que, en el transcurso de una reunión interna, la propia consejera de Agricultura les reconoció la intención de vender montes públicos. “Nos preocupa este tema porque tiene consecuencias medioambientales. Además, pretenden sacar dinero vendiendo estos montes, pero no se plantean el dinero que la región perdería porque desaparecería la actividad económica que ahora está ligada a estos montes”, añadió Hernández.

 

  Legislación restrictiva

 

 Inés González-Doncel hizo un repaso histórico a procesos anteriores de ventas de montes, especialmente, durante las desamortizaciones de los siglos XVIII y XIX. “Fueron ambas iniciativa de los ilustrados para tratar de extender la propiedad de los montes a los menos pudientes, pero se consiguió justo lo contrario”, explicó. Según González, “los que ignoran la historia están condenados a repetirla. Los montes son vitales para la prosperidad de los pueblos por múltiples razones”. La catedrática de la Politécnica de Madrid se mostró convencida de que “Castilla-La Mancha no llevará a cabo ningún proceso de venta de montes públicos porque es un disparate que no aconseja nadie. Quien haya lanzado la idea ha estado mal asesorado”, matizó.

 

  González recordó que los montes de utilidad pública están catalogados en España desde 1901. “No hay por qué criminalizar la propiedad privada de los montes, puesto que la legislación es estricta también para estos propietarios”, subrayó. Finalmente, el presidente del Colegio de Ingeniero de Montes de la región, Ángel Roldán, defendió los montes como “infraestructuras públicas” y recordó que, según la ley, “la propiedad de un monte no se puede vender ni embargar”. Según Roldán, uno de los principales problemas que aquejan a esta gestión es que “las administraciones siempre han visto el dinero invertido en los montes más como un gasto que como una inversión”.

 

  En opinión de Roldán, “con la venta el Gobierno de la comunidad conseguiría una pizca de dinero para este año, a cambio de perder el monte para siempre. Los montes son un activo estratégico para Castilla-La Mancha”, zanjó. Las personas que asistieron al debate en las Navas de Jadraque participaron activamente en el turno de preguntas.

 

   La mayoría reclamó más información, sobre todo por parte del Gobierno regional, sobre un asunto vital para el futuro de la zona. Los expertos señalaron las restricciones de la legislación actual, especialmente, a través de la Ley de Montes, para afrontar un proceso de privatización de montes públicos, que sería “largo y costoso”, según los mismos analistas. “Actualmente, las leyes no permiten vender los montes que están catalogados como públicos, pero también es verdad que las leyes se pueden cambiar”, concluyó Roldán.