La asociación del castillo de Galve de Sorbe recurre al Defensor del Pueblo

La queja va dirigida contra el actual propietario del castillo “por incumplir la legislación vigente en materia de conservación del patrimonio histórico”; y contra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, “obligando a la misma al cumplimiento de la legislación aplicable al contenido de la presente, así como el inicio del preceptivo procedimiento sancionador frente a todos aquellos que se derivasen responsables de su incumplimiento”, según consta en el escrito presentado por la asociación. El Defensor del Pueblo ha comunicado recientemente a través de un escrito que se encuentra estudiando la admisión a trámite de la queja. La entidad recuerda que el castillo está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), como todos los castillos de España desde el decreto aprobado en 1949, y goza de protección tanto en la Ley de Patrimonio Histórico estatal como en la norma regional, aprobada el pasado año por las Cortes de Castilla-La Mancha.

La Asociación puntualiza que ha puesto en conocimiento de la Administración competente “en reiteradas ocasiones el peligro en el que se encuentra el castillo, así como los incumplimientos reiterados del titular del castillo y no habiendo obtenido una respuesta acorde a lo exigible de acuerdo a la Legislación aplicable por parte de las Administraciones Públicas”. Paso “muy importante” “Es un paso muy importante para Galve recurrir al Defensor del Pueblo. La asociación se fundó en 2006, llevamos mucho tiempo insistiendo ante los poderes públicos de la necesidad de actuar, y además hacerlo con rapidez por la situación lacerante que atraviesa el monumento, y no nos han hecho caso”, subrayan desde la Asociación Castillo de Galve.

Esta organización da por “agotada” la vía de negociación con el propietario del edificio, al tiempo que recalca las reuniones y encuentros con representantes del Gobierno regional y de otras instituciones para dar cauce a un asunto que, hasta la fecha, permanece bloqueado. A lo largo de los últimos ocho años, la asociación de Galve ha mantenido contactos con el dueño del castillo, con el que fuera su representante legal, con el Gobierno regional, con el Ministerio de Cultura y con la Diputación de Guadalajara, siempre con el apoyo del Ayuntamiento de Galve. Ninguno de estos contactos ha servido hasta ahora para garantizar la conservación del edificio.

La Junta de Castilla-La Mancha se comprometió en febrero a incoar un expediente de sanción al dueño del castillo para forzarle a cumplir con sus compromisos, pero aún no se ha materializado. En los fundamentos de derecho en los que se apoya la reclamación formulada por la Asociación Castillo de Galve se incluye el artículo 44 de la Constitución, que procura “el acceso a la cultura”; la Ley de Patrimonio Histórico español, que data de 1985, y que obliga a los dueños de monumentos catalogados a mantenerlos en buen estado de conservación; y la reciente Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha.

La documentación aportada por la entidad galvita se completa con una recopilación de escritos, documentos, correspondencia con la Administración, artículos de prensa y fotografías que atestiguan tanto la situación del edificio como la batalla dada por la asociación durante los últimos años en pro de la recuperación de esta joya del patrimonio de Guadalajara. “Queremos que la Junta de Castilla-La Mancha cumpla su palabra y abra un expediente sancionador al dueño, y además tipificando la infracción más grave de la escala que recoge la ley, pero el abandono que arrastra el castillo desde hace tantos años nos ha obligado a recurrir al Defensor del Pueblo”, admite la Asociación Castillo de Galve en una nota remitida a los medios. “Nos no han dejado otra opción: ni el dueño con su falta de responsabilidad a la hora de cuidar este monumento, ni la administración con su parálisis a la hora de adoptar medidas o su ineficacia cuando las ha adoptad”, añaden desde la asociación.