Concentración por un acuerdo para garantizar la cobertura de MUFACE a los funcionarios

Bajo el lema “Unidos somos más fuertes”, UGT, Comisiones Obreras, Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), así como siete sindicatos más de Instituciones Penitenciarias, y de otros cuerpos policiales y asociaciones sindicales civiles, convocan el próximo miércoles, 11 de diciembre, a las 17:30 horas, a una concentración frente a la sede de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) en Guadalajara, ubicada en la calle Rufino Blanco 1, al objeto de reclamar tanto al Gobierno como a las aseguradoras, un acuerdo urgente que “dé tranquilidad y calma para la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y que garantice la viabilidad”, aseguran fuentes sindicales.

De no alcanzarse un nuevo pacto con las aseguradoras, la retirada del convenio los obligaría a depender exclusivamente de la Seguridad Social, algo que, según los sindicatos, “podría llevar al colapso del sistema sanitario público debido a la falta de recursos para asumir tal incremento de usuarios”.

Entienden que “la asistencia sanitaria de todos los funcionarios está seriamente comprometida, tras la renuncia de las aseguradoras a acudir al concierto sanitario de MUFACE”. Con lemas como “Nuestra salud no es una mercancía” o “¡No somos rehenes!”, fuentes convocantes denuncian que “las aseguradoras privadas están priorizando sus beneficios económicos a costa del Estado y de los propios empleados públicos”. Una de las principales críticas radica en la denominada “selección de riesgos”, mediante la cual las compañías derivan a la Seguridad Social los casos que implican tratamientos más costosos, dejando a los pacientes en una situación de desamparo con el argumento de que el modelo MUFACE está “infrafinanciado”. Opinan que “quieren aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado”.

Y en medio de esta situación –añaden- “los mutualistas y sus beneficiarios, están siendo utilizados como rehenes, poniendo en riesgo su propia salud”. Reclaman a las aseguradoras “la necesidad de alcanzar un acuerdo, priorizando la debida atención sanitaria de las personas mutualistas a réditos económicos que pusieran en peligro la nueva licitación”.

Desde 1978, este modelo ha permitido que los funcionarios puedan optar entre recibir atención a través de la Seguridad Social o de aseguradoras privadas. “Sin embargo, la situación actual se ha vuelto insostenible debido a la intención de algunas compañías de abandonar el acuerdo”, concluyen.