Gicaman reduce en 38 millones las indemnizaciones a pagar tras la rescisión de contratos en la anterior legislatura

La Empresa pública de Gestión De Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) ha logrado reducir de 70 a 32 millones de euros las indemnizaciones que tendría que pagar a empresas con las que la Junta había rescindido "de forma unilateral" los contratos vigentes en la anterior legislatura, una situación por la que podría haber "un número elevado de procedimientos con una alta probabilidad de sentencias desfavorables".

Con la negociación que han llevado a cabo los actuales gestores de Gicaman se ha logrado reducir en 38 millones de euros la cantidad que tendría que pagar la Junta por la paralización o rescisión de estos contratos con diversas empresas con las que se había acordado la creación de infraestructuras --principalmente viviendas-- en Castilla-La Mancha, según ha explicado el director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad, Javier Barrado, en una rueda de prensa previa a la Comisión de Fomento en la que ha dado cuenta de la situación financiera de la empresa y de la gestión que ha realizado hasta el momento en esta legislatura.

"La situación actual de Gicaman y la actividad realizada en estos dos años y medio se resume en una palabra: recuperación. Nos encontramos con una empresa que tenía una previsión de cierre en 2015" y "ante esta situación el nuevo equipo directivo ha saldado las cuentas y ha recuperado y posicionado a esta útil herramienta", ha apuntado Barrado, que también es presidente del Consejo de Administración de Gicaman.

En este sentido, ha afirmado que desde julio de 2015, Gicaman ha entregado 278 viviendas, ha recuperado promociones --actualmente cuenta con 95 promociones y un parque público que incluye 2.257 viviendas-- y ha rehabilitado viviendas que "ya estaban listas para su adjudicación en el año 2011 y que incomprensiblemente se paralizaron durante cuatro años", una situación por la que han tenido que reactivar de nuevo procedimientos en diversas promociones, como las 27 viviendas de Los Turieles en Talavera de la Reina (Toledo).

Sobre la situación financiera de esta empresa pública, Barrado ha detallado que tras la inyección económica realizada por el actual equipo de Gobierno en esta legislatura, Gicaman contaba a final de 2016 con 2,4 millones de capital social y 70,6 millones de euros de patrimonio neto.

Respecto a las actuaciones llevadas a cabo, el presidente del Consejo de Administración de Gicaman ha apuntado que la empresa ha tramitado y puesto en marcha contratos menores por valor de 500 millones de euros o que el pago a proveedores se ha reducido de los 43,72 días que tardaba en el 2014 a los 18,93 días en agosto de 2017.

Del total de 2.891 viviendas de las que dispone Gicaman, 634 están ya vendidas y del resto --2.257--, 157 están comercializadas con un pago en diferido, 1.800 están alquiladas y quedan otras 270 vacantes. En este sentido, ha recalcado que el precio medio de estas viviendas, algunas de promoción pública y otras de protección oficial (VPO), es "un 37 por ciento inferior al del libre mercado".

Barrado ha ofrecido también un dato "preocupante" referido a la gestión del cobro de alquileres de estas viviendas, ya que ha afirmado que de 2011 a 2015 se registraron "20.000 recibos impagados", una cantidad que supone 3,47 millones de euros de deuda y que provocó "un incremento de un 3.000 por ciento del impago de recibos".

"Gicaman emprendió un procedimiento de requerimiento de pago para analizar estas situaciones de manera individualizada. Esto ha permitido frenar el crecimiento de impagos que había al principio de la legislatura", ha manifestado el director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad, que ha añadido que el perfil de los adjudicatarios de estas viviendas públicas refleja que el 19,5 por ciento han sido menores de 30 años y el 11,2 por ciento mayores de 45 años.

"MÁS DE 580 MILLONES DE DEUDA TUVO QUE PAGAR COSPEDAL"

Por su parte, el diputado del Grupo Popular en las Cortes Francisco Núñez ha recordado el pago de "más de 580 millones de euros" que afirma que tuvo que realizar el Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal para solventar las deudas de Gicaman cuando llegaron a la Junta. "Queda muy bien el discurso buenista pero uno deja de querer a Castilla-La Mancha cuando deja de pagar el discurso que hace. Hay que ser responsables".

En este sentido, Núñez ha valorado "el cambio del uso de la vivienda pública" que hizo el PP la pasada legislatura poniendo en marcha acciones como "bajar los precios de venta de las viviendas, establecer un cupo para personas desahuciadas o alcanzar un acuerdo con el Instituto de la Mujer para facilitar viviendas a mujeres víctimas de violencia de género".

Asimismo, el diputado 'popular' ha criticado la política referida a vivienda por parte de la Junta y ha lamentado que el último informe del Consejo General del Poder Judicial sobre los lanzamientos hipotecarios refleja una cifra de 1.415 lanzamientos durante el año 2017, "184 más que en todo el año 2016". "Los lanzamientos están creciendo a un ritmo de 12 puntos por encima de la media nacional y un 16 por ciento respecto al año pasado, son datos espeluznantes", ha agregado Núñez.

Barrado ha precisado que estos lanzamientos hipotecarios que refleja el informe mencionado no especifican si se trata de "viviendas, naves, locales" u otras infraestructuras. Asimismo, ha valorado el trabajo de la Oficina de Intermediación Hipotecaria creada por la Junta este legislatura y que hasta el momento "ha evitado 52 desahucios".

DESVINCULADA DEL PLAN PODEMOS

La diputada del Grupo Parlamentario de Podemos María Díaz ha celebrado "el giro" en materia de vivienda pública que a su juicio ha dado el Gobierno regional en esta legislatura respecto a la anterior y ha cuestionado a Barrado sobre la propuesta incluida en el Plan de Garantías Ciudadanos de vincular el Plan de Empleo de la Junta a la rehabilitación de centros educativos o del parque público de viviendas que gestiona Gicaman, una iniciativa sobre la que Barrado ha afirmado que la empresa pública "no tiene vinculación" con esos planes.

Asimismo, la representante de la formación morada ha cuestionado por qué no están reflejados en el Portal de Transparencia de la Junta las retribuciones de los trabajadores de Gicaman o los proyectos que maneja esta empresa, unas preguntas que el director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad ha afirmado que "estudiarán" para saber si es preciso incorporar estos datos a este portal.

Además, Díaz ha pedido información también sobre la gestión y acceso a los locales disponibles de Gicaman en la región, a los cuales se les da uso a través de convenios por entidades como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Castilla-La Mancha, entre otras, que se encargan del mantenimiento y gestión de los mismos.

"ES MÁS FÁCIL DESTRUIR QUE CONSTRUIR"

Por su parte, la diputada del Grupo Socialista Rosario García ha hecho hincapié en "la recuperación" que ha llevado a cabo el Gobierno regional de esta empresa pública y ha remarcado, en referencia a la actuación del Gobierno anterior, que es "más fácil destruir que construir". "El parque público de viviendas es un gran activo y pone a disposición de los colectivos más desfavorables viviendas más accesibles", ha agregado.

"Gicaman se está recuperando gobernando de una manera diferente", ha aseverado García, que ha recordado como esta empresa estaba al borde de la liquidación en el año 2015 y que la Junta, con una aportación de 148 millones de euros .--según ha cifrado Barrado--, ha permitido poner en marcha proyectos paralizados en la anterior legislatura y rehabilitar viviendas como las de Campillo de Altobuey (Cuenca).