03/02/2017 / 19:14
Julian Atienza/Coordinador provincial IU


Justificar lo injustificable: tránsfugas de ahora y siempre

Son curiosas las reacciones ante un mismo hecho.


Resultan curiosas las distintas reacciones que se producen ante un mismo hecho. Cuando se analiza una situación de la vida cotidiana de las personas, vemos cómo las opiniones sobre la misma cuestión son diferentes dependiendo de quién sea el o la opinante y dependiendo también de cuál sea el tema del que se esté hablando.
    En el ámbito de la política institucional, la cosa se evidencia más que en ninguna otra faceta de la vida. Cualquier iniciativa u opinión sobre un asunto, sea o no transcendente, tiende a ser, siendo generoso, como mínimo, y valga la redundancia, minimizada por el grupo político contrario. Hay excepciones, pero son habas contadas.
        Traigo esto a colación por el último episodio de transfuguismo que se ha producido en Guadalajara: Yolanda Rodríguez Juárez, diputada provincial de Ciudadanos, ha decidido dejar su partido (y consecuentemente su grupo político) y pasar a diputada no adscrita en la Diputación, eso sí, conservando su sueldo de 49.000 euros brutos anuales, aproximadamente, y manteniendo al PP en el Gobierno Provincial sin las ataduras de Acuerdo (público) de Investidura firmado en junio de 2015.
    Estoy seguro que si la Sra. Rodríguez no tuviera asegurado ese sueldo habría dejado el escaño a disposición de ese partido, Ciudadanos, que prometió regenerar la vida política en España. Vemos a menudo como los vicios de la política van invadiendo esas formaciones que venían dando lecciones a todas las demás, metiendo a todas, injustamente, en el mismo saco.
    A raíz de este último episodio cabe hacer alguna consideración que me parece interesante, especialmente en el caso de los diputados y diputadas de las Diputaciones Provinciales y debido al procedimiento inusual de su elección, mediante elección indirecta por los concejales. Es verdad que el Tribunal Constitucional considera que los cargos públicos son “propiedad” de los que los ocupan, independientemente que la mayoría de ellos y ellas se hayan presentado en listas elaboradas, de forma más o menos democráticas, por las organizaciones políticas. Lo justifica el alto Tribunal porque finalmente esos cargos públicos son elegidos y elegidas por la ciudadanía. Pero en el caso de las Diputaciones Provinciales, donde la elección es indirecta y el cuerpo electoral es mucho más reducido (los concejales y concejalas que se han elegido en los Ayuntamientos de la zona) no sería muy complicado realizar una consulta para revocar o no el mandato de estos diputados y diputadas, cuando se han separado del partido político al que pertenecen dichos concejales, que se van a quedar sin un enlace directo con la Diputación Provincial, lo que va a suponer una merma de sus derechos al no poder canalizar sus reivindicaciones en la Diputación más que por la vía administrativa si son gobierno en sus municipios. Creemos que se deben establecer métodos de revocación para cualquier puesto de representación política y en el caso de las Diputaciones (mientras existan) sería mucho menos complicado que el de aquellas instituciones que se eligen directamente por la ciudadanía.
    Pero volviendo a la cuestión de las reacciones, ha resultado curiosa la del principal partido de la oposición en la Diputación de Guadalajara (PSOE) durante el debate plenario del día de hoy, en boca de su Portavoz, Julio García.
    Y ha resultado curiosa, decía, no porque no esté justificada su postura contraria a este hecho, que lo está, sino por dos razones. En primer lugar, en Azuqueca de Henares (pueblo del que es concejal), durante los últimos meses de 2015 y primeros de 2016 se ha vivido una situación parecida con un concejal de Ganemos (Diego Parra) que ha estado unos seis meses “transfugado” e integrado en el Gobierno Municipal de la misma formación que el portavoz del principal partido de la oposición en la institución provincial, que ha amparado y colaborado con esa situación, igualmente vergonzosa que la producida en la Diputación de Guadalajara. Si finalmente el tema se resolvió, fue porque el tránsfuga no aguantó la presión (entre otras causas, por el trabajo de los concejales de IU en Azuqueca de Henares en denunciar esta situación ), acabó dimitiendo y pasó a ocupar el puesto otra persona que se presentó en la lista del mismo partido....que también ha sido expulsada de su formación política en recientes fechas y, ahora sí, se dio cuenta en el Pleno azudense de este jueves pasado.
    Este tránsfuga dimitió. Otros, en cambio, se “transfugaron” hace mucho tiempo, lo que me lleva a la segunda razón, de la que ya solo nos acordamos unos pocos. Hace años en Izquierda Unida casi todos los cargos públicos que teníamos en Castilla La Mancha se llevaron sus cargos y sus recursos y fundaron otro partido (Nueva Izquierda), entre ellos Julio García, no siendo realidad -lo siento mucho- lo que ha expresado en el Pleno de Diputación de Guadalajara de hoy que aquello se debió a un cambio de nombre desde la organización Federal con respecto a la organización regional. Finalmente, algunos y algunas de esta “Nueva Izquierda” acabaron en el PSOE y parece que les ha ido bien. Tan bien, que uno de ellos ha llegado a ser portavoz del principal grupo de la oposición en la Diputación de Guadalajara y, mientras tanto, el Pacto Anti-transfuguismo sigue funcionando tan “bien”, que sirve para una cosa y para otra, se haga en la Diputación de Guadalajara o en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
 


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