La Ley contra la Despoblación
Será un camino largo y laborioso en la buena dirección para devolver la vida a los pueblos y permitir que residan en ellos quienes así lo quiera.
El anteproyecto de Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, que se convertirá en ley el próximo mes de abril, ha sido tomado en consideración esta semana por el Consejo de Gobierno siendo legislación pionera a nivel nacional en la materia. Su gran virtud nacer del consenso tras dos procesos de participación y hasta diez consejos sectoriales, acogiendo el 90% de lo que se acordó en la Comisión sobre la despoblación celebrada en las Cortes. Sus dos grandes características, que caminará de la mano de la Estrategia Regional contra la Despoblación, ahora en tramitación, condicionando cualquier decisión política futura a su contenido, y la introducción de la política fiscal para facilitar la superación de los dos grandes desafíos de quienes desean vivir en el medio rural, la vivienda y el empleo. Por ello se establecen deducciones en impuestos, acuñándose el concepto de ‘estancia fiscal’ para beneficiar a quienes acrediten su estancia efectiva en los pueblos, ayudas directas a las empresas que se ubiquen en estas zonas y la creación de un fondo de diez millones para la financiación de sus proyectos. Incentivos que se complementan con medidas para garantizar el acceso a los servicios públicos elementales de índole sanitaria, educativa y social como acercamiento de la Atención Primaria y la asistencia farmacéutica, el funcionamiento de colegios rurales con cuatro alumnos, la financiación de la educación superior o garantizar el servicio de la teleasistencia en domicilio para mayores de 70 años y dependientes. Todo un blindaje de unos derechos fundamentales que son imprescindibles para vivir en cualquier lugar como lo es un buen transporte o la conectividad, garantizada en cada rincón de la región. Se trata de actuar conforme a la realidad de los pueblos, con proyección a largo plazo y dotación económica que permita hacer realidad lo legislado. Será un camino largo y laborioso en la buena dirección para devolver la vida a los pueblos y permitir que residan en ellos quienes así lo quiera.