
La vivienda, ocupación y preocupación de todos
Las encuestas indican que el principal problema que preocupa a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes y los que tienen menos recursos, es el acceso a la vivienda en propiedad.
La presencia este miércoles en Guadalajara de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, castellano-manchega querida en esta tierra en la que fue consejera en el Gobierno de García Page, para visitar 156 viviendas impulsadas por la empresa pública SEPES para alquiler accesible en la zona de Aguas Vivas, sirvió para que participase en un Laboratorio de Conversación organizado por nuestros compañeros de SER Guadalajara, en el que además de representantes de administraciones públicas hubo presencia del sector inmobiliario, poniéndose sobre el tapete el complejo tema, cuya solución pasa por muy diferentes aristas al ser muy variados los factores que lo circundan. Más allá de la adhesión o no de las comunidades autónomas al plan propuesto por el Gobierno nacional que requiere de aportación de dinero, algo que en autonomías infra financiadas como Castilla-La Mancha no resulta tan fácil, parece claro que es necesario construir más, reducir burocracia, simplificar trámites, para que la disposición de suelo o las licencias urbanísticas para obras no demoren por tanto requisito como hasta ahora- mal endémico de nuestra administración pública -, que hace falta darse cuenta de los altos costes de la construcción en tiempos de mayor exigencia por eficiencia energética, gestión de residuos... aspectos medioambientales que con razón se exigen, pero que encarecen el precio del producto, e igualmente se tiene que bajar la carga fiscal que supone la compra de una casa para el adquiriente, que termina pagando, sin tener en cuenta ya su necesidades de financiación, un buen plus por diferentes impuestos o tasas. Igualmente hay que tener una idea clara, un registro, de lo que se está construyendo en cada punto del país, desde el sector público y el privado, la oferta y la demanda en esa zona. Parece causa de esta crisis que se está construyendo mucho menos de lo que se necesita lo que hace que el precio se eleve por la ley de la demanda y la oferta. A todo esto se une la autonomía para la gestión de la competencia que tienen ayuntamientos y autonomías por lo que al final son preceptivos los acuerdos nacionales entre políticos, promotores y constructores, que son los profesionales que toda la vida han hecho realidad nuestras casas, en cada época con distintas circunstancias. Hace falta analizar y actuar con sentido común y sin demagogias.