Nuestros pueblos no son rentables al capitalismo

En los últimos años se han producido reformas legislativas que han afectado a las competencias administrativas de las entidades locales, sobre todo con la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, también conocida como “Ley Montoro” o “Ley anti-ayuntamientos”.
    Esta Ley estatal (27/2013), es la concreción de una ley perversa y maquiavélica, ya que mientras en otros países de la UE la medida a tomar fue directamente la desaparición de muchos ayuntamientos, en España (aunque se intentó lo mismo) el PP no lo llevó a cabo temeroso del gran poder municipal con más de 8.000 municipios en todo el Estado con una sensación de pertenencia y arraigo muy acentuada, por lo que el Gobierno decidió mantener los  pueblos e incluso los ayuntamientos y utilizarlo además en su propio beneficio. Se puede entender como una jugada maestra: se mantienen los Consistorios pero se les vacía de competencias y el alcalde queda para sacar el santo.
    Pero la estructura en apariencia para los vecinos sigue existiendo y funcionando, aunque sea completamente intervenida por el Gobierno, que pretende otra cosa también: el aplicar economías de escala o de “coste directo”, término que fue sustituido por el propio Consejo de  Estado y que buscó el eufemismo de “coste estándar”. Da igual el nombre, el objetivo es el de abrir vías de privatización a los servicios públicos municipales para ampliar los márgenes de oportunidad y de mercado de las grandes empresas de servicio, antes muchas de ellas constructoras que ahora se han reconvertido en grupos amplios y diversos que igual te gestionan un centro de educación infantil o un geriátrico o ser guardias jurados, mientras la matriz de la empresa sigue expandiéndose en otros países y continentes en grandes proyectos constructivos.
    Pero hay un error de base en todo el planteamiento, nuestras provincias despobladas -como ocurre en Guadalajara- no son rentables al capitalismo, la riqueza está en la tierra, no en atender a envejecidos habitantes. Guadalajara forma parte de un conjunto de provincias fallidas a las que se quiere dejar en manos de unas diputaciones paternalistas y caciquiles, que son la que deben explotar el negocio y financiar al partido más corrupto de Europa a través de estas concesiones de escala, donde se debe articular que habrá medio operario diario para atender dos pueblos y que serán 3 empresas las que se encargarán de cambiar a LED las luminarias y, por supuesto, serán las diputaciones las que gestionarán el agua y las  basuras ya bien privatizadas.
    Esta Ley 27/2013 sólo se está aplicando en su primera parte y, aun así, está generando gran confusión y rechazo en todos los ámbitos municipalistas, por interferir de forma clara en la autonomía municipal, suprimir sus competencias y controlar de forma caudillista su gestión. Los municipios han quedado con estas medidas como los responsables del origen de la crisis y la deuda de nuestro Estado.
    Para entenderlo sólo debemos observar que entre todos los mapas y referencias de gestión la idea primordial que se desprende es que no se cree ni se origine ningún servicio más, de hecho el propio modo de acometer en un primer momento el mapa de servicios, viene dado no por la idea de cómo prestar más servicios, sino de ordenarlo desde el punto de vista de economizar y agrupar lo máximo que se pueda, ¿se puede ser acaso menos ambiciosos?… Y entonces sí, entonces las diputaciones avanzarán en conformidad a la Ley estatal para gestionar las migajas del capitalismo, de unos servicios públicos que ya no serán precarios sino paupérrimos, pero probablemente ya no quedará nadie en los pueblos para verlo.
    Desde IU creemos firmemente en un nuevo modelo de organización territorial que potencie la cooperación supramunicipal a través de las comarcas, en una gestión integrada de la Comunidad Autónoma, dotada de un Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, que gestione las competencias municipales y las que consideren dentro de cada una conveniente, dando también soporte a los ayuntamientos con distintas formas de financiación y apoyo, como hacen ahora las diputaciones, sí, pero sin el control paternalista y caciquil que tienen actualmente éstas.
    Las comarcas son una forma de organización política (y hasta social), que hay que entenderla como una política de país -en su conjunto-, que se dirija a estos pueblos semivacíos con políticas en las que se favorezca la vida y se potencien los servicios públicos básicos de acceso a la Educación, a la Sanidad o a las comunicaciones en condiciones dignas y de igualdad con respecto a las zonas urbanas.