Piden seis años de cárcel para el exalcalde de Chiloeches, César Urrea, por cohecho
Los hechos que se juzgarán a partir del martes 17 se remontan a 2011.
El martes dará comienzo en la Audiencia Provincial el juicio contra el exalcalde de Chiloeches, César Urrea. El Fiscal pide para él tres años de prisión por cada uno de los dos delitos de cohecho y cinco años de inhabilitación especial para el empleo o el cargo público.
Los hechos se remontan a mayo de 2011, cuando Urrea fue elegido alcalde de su municipio en unas elecciones en las que el partido que encabezaba, el PP, obtuvo seis ediles, otros tres fueron para el PSOE y dos para IU. Pero las "desavenencias" de Urrea con algunos de sus ediles hizo que cuatro de ellos dejaran de apoyarle en los plenos. El acusado, según el escrito del Ministerio Fiscal, planeó una "estratagema" para "corromper" a los concejales disidentes. Así, se reunió con dos de estos concejales díscolos y les propuso que, si entregaban el acta de concejal, les daría un sueldo del Ayuntamiento a los otros dos concejales. "En esa época, M.I.F.C. pasaba por dificultades económicas, circunstancias que conocían todos ellos, dificultades que se vieron aumentadas cuando el alcalde retiró el sueldo a la misma". Sin embargo, las actas no se entregaron y M.I.F.C., que se iba a beneficiar de la recuperación del sueldo, "se negó a semejante propuesta".
El Fiscal también explica en su escrito que Urrea intentó asegurarse el apoyo en los plenos mediante el respaldo de los concejales socialistas. A A.C.A. le ofreció un "sueldo fijo mensual" de 700 euros, "dado que era conocedor de la mala situación económica de éste". Además de esta cantidad, Urrea incluyó en su "oferta" otros 500 euros más de su "propio dinero". El edil socialista se negó "a semejante acuerdo".
Por todo ello, se solicitan tres años de prisión, una multa de 15 meses con una cuota diaria de nueve euros, con arresto sustitutorio en caso de impago (siete meses y 15 días para cada una) y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante cinco años.