¿Está Guadalajara preparada para una nueva DANA?
A finales de octubre se cumplirá el primer aniversario de la DANA que golpeó intensamente a la Comunitat Valenciana y a otras zonas del país, afectando también a Guadalajara y gran parte de Castilla-La Mancha.
Las lluvias torrenciales causaron graves daños en infraestructuras, cortes de carreteras e inundaciones, planteando una cuestión esencial sobre la capacidad real de nuestras infraestructuras para soportar fenómenos meteorológicos extremos.
El debate técnico sobre la resiliencia se reactiva con la jornada que la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, junto con el Instituto de la Ingeniería de España, organizan el próximo lunes 27 de octubre en Madrid: “Un año después de la DANA: ¿estamos preparados?”. El encuentro, que contará con la presidenta del Instituto de la Ingeniería de España, Mª Cruz Díaz, y José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, busca realizar un análisis objetivo de la respuesta de las infraestructuras y el estado de la reconstrucción.
En este marco, se recupera el enfoque de la ingeniería civil aplicado a la provincia de Guadalajara, tomando como referencia las declaraciones de José Trigueros ante el Senado.
Carencia estructural
La comparecencia de José Trigueros ante la Comisión de Investigación del Senado, realizada este septiembre, ofreció una guía técnica para interpretar el desastre. La tesis principal del experto es que la magnitud de la catástrofe se debió a una carencia en la ejecución de las obras hidráulicas proyectadas, y no fue atribuible únicamente al fenómeno climático:
“Si las infraestructuras que estaban previstas se hubieran ejecutado (…) con total seguridad no hubiera sido del nivel que se produjo, ni en daños humanos ni materiales”.
Este planteamiento es directamente aplicable a Guadalajara. La responsabilidad del mantenimiento y la ejecución de las obras de regulación en los cauces principales de la provincia recae sobre los organismos estatales: la Confederación Hidrográfica del Tajo y, en la zona noreste, la del Ebro. La reclamación histórica de alcaldes y agentes locales de la provincia subraya esta necesidad de priorizar la inversión en infraestructuras hidráulicas por parte de dichas entidades.
En este sentido, Trigueros enfatiza un principio de ingeniería civil: “No hay que demonizar las obras hidráulicas”. Se trata de un llamamiento a retomar la acción sobre el dominio público hidráulico como la medida más eficaz de prevención.
Capacidad de reacción
Las instituciones autonómicas y provinciales actuaron en el ámbito de sus competencias, demostrando una notable capacidad de respuesta en la reparación de daños locales.
La Diputación de Guadalajara invirtió cerca de 600.000 € en contratos de emergencia para restaurar caminos, taludes y drenajes municipales, es decir, las infraestructuras de su titularidad. Paralelamente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha coordinó y apoyó la restitución de daños. Como ejemplo de esta capacidad de acción, se logró restaurar cerca del 90% de los daños en la comarca de Molina de Aragón mediante una inversión global de unos 2 millones de euros, cubriendo colectores y accesos dañados.
Este esfuerzo certifica la capacidad de reacción ante la emergencia, aunque, según la tesis de los ingenieros, no suple la falta de prevención estructural en los cauces mayores, que es competencia de las Confederaciones Hidrográficas.
Exigencia de agilidad y planificación a largo plazo
El análisis de Trigueros se extiende a los procedimientos administrativos, señalando la lentitud como un factor de vulnerabilidad transversal:
“Como medidas prioritarias es necesario construir presas y hacer desvíos, agilizar la tramitación y habilitar un procedimiento especial que permita acortar los plazos”.
La provincia de Guadalajara, con riesgo de avenidas en zonas de relieve accidentado, requiere agilidad en la tramitación de proyectos. El experto técnico insiste en la necesidad de una “recalculación y planificación urbana con previsión de avenidas con vista a 1.000 años”. Este principio técnico busca orientar el crecimiento municipal para evitar la ocupación de las cuencas y garantizar la compatibilidad entre el desarrollo humano y el medioambiente.