A la vanguardia en la defensa de derechos

Se trata, fundamentalmente de ofrecer una protección preferente a colectivos vulnerables además de ampliar los servicios a través de la puesta en marcha de un colegio arbitral itinerante que facilitará el acceso de este servicio a todos los ciudadanos. Con la promulgación de la Constitución de 1978, la protección de los consumidores y usuarios se convierte en un principio básico que obliga al Estado a asegurar a los ciudadanos sus derechos y libertades en este ámbito. Con iniciativas como el Plan Estratégico de Consumo regional se más allá. A través de nueve ejes estratégicos recogidos y desarrollados en 10 programas con más de 60 objetivos y cerca de 250 medidas, este plan supone la primera propuesta formalizada de cara a proteger los derechos de consumidores y usuarios. Estos puntos contemplan la adopción de una serie de medidas e iniciativas que pretenden elevar el nivel de calidad en la prestación de servicios que realizan los agentes de consumo en Castilla-La Mancha. De ahí que, entre los objetivos del plan, se encuentren el fomento de la formación y la educación, la puesta en marcha de los instrumentos necesarios para la resolución de conflictos o el aumento de las garantías en calidad y seguridad de productos y servicios, además de agilizar la respuesta de la Administración. Castilla-La Mancha se coloca, de este modo, a la vanguardia en lo que se refiere a protección de derechos de las personas. Apostar por la defensa de los consumidores significa que otros derechos fundamentales ya están cubiertos, por lo que este plan viene a reflejar el grado de madurez de la sociedad castellano-manchega.