¿A quién queremos engañar?

Otoño caliente porque sindicatos, indignados del 15-M, profesores y otros colectivos andan pidiendo que no se eliminen gastos ni inversiones en los presupuestos, que no se recorten derechos sociales ni se pida a los profesores de Madrid o de Castilla-La Mancha que den dos horas más de clase -ojo, no se trata de trabajar dos horas más a la semana sino de dedicar dos horas de otras actividades a dar clase- ni mucho menos que se modifique la Constitución -eso sí, con nocturnidad y alevosía- para poner límite de gasto a las Administraciones públicas.

   De lo que no se ha dicho nada por los sindicatos o los indignados es de la reforma laboral que ha hecho el Gobierno gracias a la cual las empresas podrán contratar en prácticas a los jóvenes y renovarles contratos temporales sin límite ¡hasta los 30 años! Un Gobierno que dijo que quería acabar con los contratos basura ha acabado haciendo basura con los contratos y haciendo lo que los empresarios ni se hubieran atrevido a proponer. Necesitamos, ahora más que nunca, un debate sereno sobre la situación real de España porque da la sensación de que algunos agentes sociales, algunos partidos y muchos ciudadanos no son conscientes de la situación real: el doble de desempleados que la Unión Europea y hasta en agosto, con un gran año turístico, ha subido el paro; están cayendo los ingresos tributarios, es decir ingresamos menos de lo previsto a pesar de subir los impuestos, o tal vez por eso; cae el consumo de los ciudadanos; el superávit de la Seguridad Social, el colchón que garantiza pensiones y prestaciones sociales, baja a la mitad; no invierte nadie porque no hay confianza; la Bolsa está hundida; todos los organismos internacionales rebajan las previsiones de crecimiento de España para 2011 y 2012, fijados por el Gobierno; el euribor está por encima del 2 por ciento; los bancos no dan crédito; y, por si fuera poco, la reforma que fija límites al gasto de las Administraciones es un brindis al sol porque se aplicará a partir de 2020, no fija sanciones a los incumplidores y no pone cifras a ese límite porque se deja para una ley orgánica que se modificará cuando interese.

   ¿A quién queremos engañar? ¿Cómo no va a haber recortes de gasto y hasta de sueldos en todos los sectores? ¿Cómo mantener el Estado del bienestar si no hay ingresos para ello? ¿Cómo vamos a pagar la deuda si no tenemos dinero en la caja y no nos prestan más o, si lo hacen, tenemos que pagar unos intereses salvajes? ¿Cómo no reducir el número de asesores, interinos, funcionarios, etc. y exigir más trabajo a los que quedan? El nuestro es un problema de productividad y de competitividad, pero también de austeridad. No se puede repartir lo que no se tiene. Sobre todo si falta sentido común y voluntad de explicarlo y negociarlo.