Adiós al estado de excepción

Se acabó el estado de excepción, y no el que decretó el Gobierno en su día sino al que los controladores nos han sometido durante muchos años. La mediación de Manuel Pimentel ha sido mano de santo, y todo parece indicar que con el laudo de obligado cumplimiento podremos respirar tranquilos cuando vayamos a coger un avión, por lo que a este sector se refiere. La guerra ha terminado, al parecer, sin vencedores ni vencidos.

   Es decir que cada una de las partes han cedido un poco para alcanzar un punto de acuerdo sensato. Si la fórmula conciliadora del ex ministro se hubiera aplicado antes y con los distintos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, nos habríamos evitado muchos disgustos como que se militarizara el servicio o que por primera vez en Democracia se haya tenido que decretar el estado de alarma. Habríamos impedido que este colectivo tan privilegiado se hubiera subido a las barbas de todos los ministros hasta que José Blanco, en un gesto de firmeza que le honra, decidiera poner punto final a una situación imposible en la que los ciudadanos nos habíamos convertidos en rehenes de estos señores ¡tan bien pagados! cada vez que tenían que negociar su convenio.

   No era de recibo que 2.300 trabajadores pusieran en jaque a un Gobierno democrático por una reivindicación laboral, como tampoco se entendió que el Gobierno una vez parado el golpe con la militarización ampliara innecesariamente el estado de alarma. Bien está lo que bien acaba y a ahora los controladores ganarán menos y, también, trabajarán menos horas. Tener un sueldo de 200.000 euros de media -frente a los 350.000 que tenían hasta ahora- sigue siendo un "sueldazo", que para sí quisiéramos la mayoría de los españoles, pero ese no es el asunto, ya que esa profesión necesita una alta cualificación y unas cualidades que no todo el mundo tiene y que es justo valorar en lo que vale.

    Lo importante es que se han suprimido privilegios intolerables como, por ejemplo, que ellos se lo guisen y se lo coman en lo que se refiere a la formación de nuevos profesionales y en la potestad de organizar su trabajo a su antojo. A partir de ahora los profesionales de las torres y centros de control de AENA trabajarán en las mismas condiciones que el resto de los empleados españoles. Se acabó eso de acumular horas a cambio de ausentarse por incapacidad laboral o permiso sindical. Realizarán su trabajo con un convenio colectivo, una jornada laboral y un salario reglados y sus emolumentos irán disminuyendo de forma proporcional a la reducción de la jornada.

   Este sector, que se ha ganado a pulso la antipatía de los españoles que hemos sufrido sus abusos en propia carne de una manera brutal, tendrá ahora que reconciliarse con la ciudadanía. Ya no es sólo el caos que organizaron en diciembre, en pleno puente de la Constitución, obligando a cerrar el espacio aéreo, sino sus continuas huelgas encubiertas, las peticiones masivas de bajas por enfermedad y sus ausencias en el trabajo para presionar las negociaciones. Afortunadamente la mano de Pimentel ha sido mano de santo y la pesadilla, aunque tarde, ha terminado.