Agravios comparativos

 La amnistía fiscal decretada por el Gobierno es una metáfora insoportable de la complicidad entre el poder y los defraudadores. Mala noticia, sobre todo para los defraudadores que sí han sido pillados en falta y, en aplicación de la normativa legal que hace al caso, incluso pueden acabar en la cárcel. O simplemente para quienes pagan religiosamente sus impuestos. Para empezar, pues, estamos ante una flagrante violación del principio de igualdad ante la ley que sienta un peligroso precedente. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de Iñaki Urdangarín, que puede ir a la cárcel por engañar a la Administración. A ver quien le discutiría su derecho a considerarse víctima de un agravio comparativo. Pero no hace falta llegar a tanto en los paralelismos. Mucho más común, y más extendido, es el caso del ciudadano que percibe una renta de 19.000 euros al año, un verdadero "mileurista".

  Bueno, pues ese ciudadano tiene que pagar al Fisco, por IRPF, exactamente lo mismo que estos grandes delincuentes: un 10 %. Escandalosamente injusto. Es uno de los tres elementos principales de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, que acaban de entrar en el telar parlamentario: fuertes recortes del gasto público, subida de impuestos y el referido perdón a los defraudadores fiscales. Se premia al delincuente con una amnistía a cambio de que se retrate a bajo precio. Al 10% del patrimonio camuflado (8% si se trata de dividendos) y no a lo que le correspondería si hubiera habido voluntad de acabar con el fraude fiscal y la economía sumergida a través de la policía, los jueces, la Fiscalía o los inspectores fiscales. Por tanto, además de violarse el principio de igualdad ante la ley, se está admitiendo el fracaso de los poderes públicos (no pueden o no quieren) en la lucha contra los tramposos. La gran asignatura pendiente de la democracia española.

  No es precisamente el chocolate del loro. Se calcula que la economía sumergida está defraudando al Fisco unos 60.000 millones de euros al año. Con ese dinero en manos del Estado nos ahorraríamos todos los recortes previstos para alcanzar el 3% de déficit público en 2013 comprometido con las autoridades de Bruselas. Además está por ver que la medida sea eficaz en orden al objetivo que se persigue. De momento es puro voluntarismo suponer que van a aflorar 25.000 millones de euros de los que 2.500 (el 10%) irán a las arcas públicas. Si es que van y esto no se queda en el cuento de la lechera. Siempre le quedará al Gobierno Rajoy una apelación al patriotismo fiscal de los buenos españoles, aunque llegue con retraso en el caso de los grandes defraudadores. A lo mejor así pasan por el aro. También puede ocurrir que, aunque se les prometa el anonimato, no quieran correr el menor riesgo de que su condición de delincuentes y antipatriotas se acabe sabiendo, como lo de esos morosos que aparecen en las listas del BOE por no pagar una multa de tráfico. Qué cosas.