Agravios y manifestaciones

La manifestación de miles de policías y guardias civiles del sábado en Madrid, en demanda de mejoras salariales que mitiguen la agraviante diferencia que separa sus retribuciones de las de las diversas policías autonómicas y municipales, responde a una exigencia cargada de razón, que el Gobierno debe tomar en consideración. Vivimos en un Estado complejo en el que no rigen criterios estrictos de homogeneidad, ni en los servicios públicos ni en la organización y retribución de las administraciones. Pero es patente que el criterio constitucional de igualdad ha de forzar una tendencia a la nivelación dentro de unos márgenes de sentido común.

De ahí que no sea admisible que un guardia civil, que padece además los inconvenientes de la disciplina militar y realiza las misiones más arriesgadas, perciba un salario anual de 22.900 euros mientras un mosso d’esquadra cobra 36.200; un ertzaina, 33.800; un policía nacional, 26.400; y muchos policías municipales, por encima de los 30.000. Tienen una parte de razón los responsables del Ministerio del Interior cuando dicen que los salarios de sus funcionarios no han de estar al albur de las retribuciones que realicen las autonomías (lo lógico sería que se acordara un acercamiento). Pero también la tienen los servidores públicos que se sienten discriminados.

Dicho esto, hay que manifestar acto seguido que tampoco es aceptable que los miembros de la Guardia Civil transgredan las limitaciones que les impone su condición castrense, que ya conocían cuando ingresaron en el instituto armado. El artículo 28 de la Constitución contempla la restricción del derecho de sindicación a las fuerzas o institutos armados. Y las leyes de Derechos y Deberes y de Régimen Disciplinario, aprobadas al término de la pasada legislatura, poco después de una intolerable manifestación de uniforme, no parecen haber instaurado ese derecho ni permitir el de manifestación, aunque vayan de paisano y sin armas. Habrá, pues, que depurar responsabilidades porque, como es obvio, los funcionarios dedicados a la tutela de la seguridad han de ser los primeros en acatar las normas vigentes. Depuración que no ha de impedir una razonable negociación entre los agentes del orden y el empleador, que es el Gobierno, para atender todo lo que de razonable tienen estas reivindicaciones.