Así no

Transcurre rauda la precampaña electoral, acelerada por el nerviosismo, los primeros escarceos y los plazos que inevitablemente hay que cumplir. Que si el retorno del aborto, que si la legalización de las armas, que si Franco, que si la agenda social… Pensaba por ello dedicar esta columna a las listas electorales, a esas batallas internas que tienen lugar en los partidos políticos por conseguir un buen puesto de partida en función de las previsiones de cada cual, hablar de cómo ha sido la selección de los candidatos, de la ley de hierro que prima en los partidos, de las encarnizadas disputas en su seno, del sorprendente resultado en algunos casos.

La actualidad, sin embargo, nos ha llevado esta semana por otros derroteros. La agresión sexual a menores, en distintos casos, ha sido noticia en Guadalajara. Por un lado ha salido a la luz la brutal violación en grupo de una menor en Azuqueca, cuyos hechos fueron investigados y juzgados sin darse a conocer a la opinión pública. El derecho a la intimidad de la menor ha chocado con el derecho a saber de la sociedad, máxime cuando se ha descubierto que los violadores eran inmigrantes, lo cual ha generado el correspondiente estupor. Se cometió un delito violento y bestial, pero quienes tenían que investigar lo hicieron, quienes tenían que aplicar justicia la aplicaron y quienes tenían que velar por la menor cuidaron de ella. También un periodista, Roberto Mangas, cumplió con su obligación, la de informar, lo cual indica que la sociedad civil ha funcionado. 

Donde no se ha actuado bien es en el segundo caso. Hemos conocido que el obispo de Sigüenza, en contra de los criterios definidos por su propia diócesis, ha destinado como párroco de varios pueblos del Señorío de Molina (24 en total) a un condenado en sentencia firme por haber abusado de tres menores en la escolanía del Monasterio de El Escorial. Se suma este caso a otros denunciados en la diócesis a los que tampoco se ha dado una respuesta adecuada. Cuando se habla de agresiones a menores no valen paños calientes, no vale encubrir a los pederastas, no valen comunicados mendaces que pretenden justificar lo injustificable. El señor obispo debería saberlo. Quizá lo sabe, pero ha tirado al monte sin darse cuenta de que ya no valen las respuestas de antaño, ya no valen la mentira, el disimulo ni la hipocresía porque nadie mirará para otro lado. Y no sirve que nos pretenda vender el argumento de que el condenado ya pagó su condena porque para ejercer actividades como la suya es necesario no tener antecedentes. Ni uno puede presentarse a candidato tras cometer un asesinato ni un pederasta queda exonerado por siempre tras agredir sexualmente a un menor. La sociedad hace tiempo que se concienció de ello, él debería hacerlo.