Cerco a la ocupación

Hace poco más de una semana la Policía Nacional llevó a cabo un dispositivo para desalojar a varias personas que estaban ocupando ilegalmente seis viviendas situadas en la calle Cuba de Guadalajara. A finales de junio, otra operación policial permitía la desarticulación de una banda criminal dedicada a la ocupación de viviendas en la capital y el corredor del Henares, entre ellas algunas en la calle Francisco Aritio.  Además, en más de una ocasión, se ven obligados a intervenir ante las denuncias de vecinos del intento de acceso a  casas vacías en sus comunidades. Casi a diario podemos ver como se repiten estas situaciones que ocasionan problemas a los propietarios del inmueble, en ocasiones entidades financieras, pero también a los vecinos que sufren ruidos, tensiones en la convivencia y  perjuicios por enganches ilegales de energía eléctrica. Las fuerzas de seguridad hacen hasta donde pueden, la Justicia va despacio en los procesos de desahucio y faltan instrumentos legales para combatir este delito contra la propiedad. En este escenario, agravado durante el estado de alarma, más presente cada día en los medios de comunicación y sobre el que existe una concienciación social creciente parece que, por fin, entra en juego la política. Las Cortes regionales han debatido esta semana la problemática y barajado soluciones.  Impedir a un ocupante la posibilidad de censarse en la vivienda o acceder a ayudas de las administraciones públicas, conocer las viviendas realmente ocupadas, dotar de mayor potestad a las comunidades de vecinos para denunciar judicialmente,  incrementar los plazos de prescripción del delito, dar a las fuerzas y cuerpos de seguridad capacidad de intervención para desalojar y devolver la posesión al legitimo propietario o el endurecimiento de las penas por este delito, agravadas cuando además lleven aparejado el tráfico de drogas, pertenencia a banda o delito de trata, son algunas de las propuestas que esperemos se conviertan pronto en medidas legales. El Gobierno regional plantea incluso crear una fiscalía antiocupación, debidamente dotada de recursos, para una rápida y mejor respuesta. Paso adelante del ejecutivo regional en una sangrante realidad en la que España es de los países europeos con menor reacción. Un Estado de Derecho debe proteger la seguridad de las personas y sus bienes sin confundir estos delitos con el derecho a una vivienda digna para todo el mundo. Ese es otro debate.