Chiringuitos

 Cuando una sentencia judicial no encaja en nuestra escala de valores, por muy justificada o argumentada que esté desde el punto de vista técnico, perdemos literalmente el juicio y acusamos a los jueces de tendentes. Estoy cansado, cuando jueces se trata, de oír hablar de fachas con toga, de progres con toga, de machistas con toga (incluso cuando son juezas), de globalistas con toga, de fascistas con toga y de tantas otras variantes.

Hay quienes odian tanto al presidente del Gobierno -fenómeno, sin duda, digno de estudiar- que si son las cinco de la tarde y Pedro Sánchez dice que son las cinco de la tarde no tardarán, con tono bronco y gesto colérico, en gritarle que qué dice, pero cómo puede decir eso, que habrán robado el reloj él o algún miembro de su familia. Esta semana ha dicho que algunas universidades privadas, de las muchas que se han aprobado en lo que llevamos de siglo, no cumplen criterios de calidad, no investigan, son empresas más preocupadas por su cuenta de resultados que de ser aporte a la sociedad o del nivel educativo de sus alumnos. Chiringuitos, dijo exactamente. Vayan al real diccionario si tienen curiosidad. Si bien se puede cuestionar -porque no faltará quien se quede en la anécdota- el uso de una palabra de tono despectivo, se quedó corto.

Hay universidades privadas muy buenas, en particular las más veteranas, ligadas a la Iglesia, pero el actual brote de universidades vinculadas a empresarios oportunistas y fondos de inversión varios, no es de recibo. De ahí la necesidad de legislar en términos más duros para impedir que los chiringuitos académicos, que no llegan al nivel de una academia, expendan títulos universitarios a cambio de un nada módico precio. En el acto en el que el presidente del Gobierno anunció el endurecimiento de medidas estaban los tres rectores de las tres universidades públicas ubicadas en Castilla-La Mancha: la UCLM, la Universidad de Alcalá y la UNED, que actuó como anfitriona. La universidad pública ha sido el ascensor social que ha permitido a miles y miles de personas acceder a una formación superior que, por sus orígenes sociales, no hubiera estado a su alcance. Someterlas a tensión para favorecer a las nuevas privadas es una indecencia que tendrá un incalculable coste social. Aunque eso, a quienes no atienden a razones, parece importar poco.