Cómo complacer a los jueces
01/10/2010 - 09:45
PUNTO DE VISTA
JOSÉ CAVERO. PERIODISTA
La tarea que se han propuesto desde el ministerio de Justicia y desde el propio Gobierno es sencilla y ambiciosa: se trata de aplacar a los jueces, de satisfacer sus aspiraciones, y de ese modo, desactivar sus reclamaciones y, a la postre, su deseo de acudir a la huelga y paralizar totalmente la administración de Justicia.
¿Es esto posible? Dicen las propias asociaciones de jueces que no es imposible satisfacer sus demandas, e incluso admiten que en los últimos años, el Estado y sus presupuestos vienen esforzándose en atender todas esas reclamaciones acumuladas, y que se traducen en una excesiva carga de trabajo, acumulación de expedientes, y hasta en el deterioro de la imagen del oficio de juzgar y sentenciar...
Y sin embargo, parte del Consejo general del poder Judicial cree aceptables las propuestas del ministro Bermejo, frente a otros colegas de oficio que ven insuficiente y mera propaganda la oferta del gobierno. A su vez, el departamento ministerial sostiene que las reclamaciones de los jueces son asumibles... Pero hay muchos recelos acumulados, y la desconfianza no se quita de un día para otro ni con algunas reuniones de ambas partes del conflicto. Los portavoces de las asociaciones se comportan de manera recelosa y con cautela. Es aún pronto para hacer demostración de satisfacción y de felicidad, pero han empezado a cambiar las cosas, como fruto del esfuerzo de mano tendida y de generosidad del ministro Bermejo, decidido, por encima de todo, a evitar la huelga de togas. ¿Cuánto es eso, qué precio tiene esta paz judicial? El gobierno se compromete a revisar sus salarios, a reforzar la plantilla y a suprimir los traslados forzosos, tres de las exigencias que venían planteando estos profesionales de la administración de Justicia. De manera que todo permite suponer que las reclamaciones serán satisfechas, y que las causas de la protesta habrán empezado a decaer y tener valor, una vez que el gobierno se haya comprometido a llevar a cabo una transformación radical de las estructuras de la Justicia.
Pero, a cambio de tanta generosidad, ¿cuál será la aportación de los propios jueces? No hay duda de que los hay extraordinariamente diligentes y activos, pero tampoco falta el juez que acumula asuntos pendientes por falta de actividad laboral, o que, sencillamente, no cumple su tarea de vigilar y supervisar el cumplimiento de sus propias sentencias, como le sucedió al juez Tirado? Se supone que el Consejo general del poder Judicial, o gobierno se los jueces, fue la pieza creada precisamente para controlar la actividad de unos funcionarios de lujo con potestad para dejar en libertad o privar de ella a los ciudadanos que han saltado la ley. El Consejo del poder judicial debiera revisar esa condición de ser garantía de eficacia en el cumplimiento de los objetivos de una administración de justicia ágil y eficaz. El Gobierno de los jueces está fuertemente necesitado de ganar autoridad con su firmeza y su laboriosidad. Autoridad por encima de las asociaciones de jueces que e agrupan en su seno, y en atención a la sublime tarea que tienen encomendados los encargados de hacer cumplir la ley.
Y sin embargo, parte del Consejo general del poder Judicial cree aceptables las propuestas del ministro Bermejo, frente a otros colegas de oficio que ven insuficiente y mera propaganda la oferta del gobierno. A su vez, el departamento ministerial sostiene que las reclamaciones de los jueces son asumibles... Pero hay muchos recelos acumulados, y la desconfianza no se quita de un día para otro ni con algunas reuniones de ambas partes del conflicto. Los portavoces de las asociaciones se comportan de manera recelosa y con cautela. Es aún pronto para hacer demostración de satisfacción y de felicidad, pero han empezado a cambiar las cosas, como fruto del esfuerzo de mano tendida y de generosidad del ministro Bermejo, decidido, por encima de todo, a evitar la huelga de togas. ¿Cuánto es eso, qué precio tiene esta paz judicial? El gobierno se compromete a revisar sus salarios, a reforzar la plantilla y a suprimir los traslados forzosos, tres de las exigencias que venían planteando estos profesionales de la administración de Justicia. De manera que todo permite suponer que las reclamaciones serán satisfechas, y que las causas de la protesta habrán empezado a decaer y tener valor, una vez que el gobierno se haya comprometido a llevar a cabo una transformación radical de las estructuras de la Justicia.
Pero, a cambio de tanta generosidad, ¿cuál será la aportación de los propios jueces? No hay duda de que los hay extraordinariamente diligentes y activos, pero tampoco falta el juez que acumula asuntos pendientes por falta de actividad laboral, o que, sencillamente, no cumple su tarea de vigilar y supervisar el cumplimiento de sus propias sentencias, como le sucedió al juez Tirado? Se supone que el Consejo general del poder Judicial, o gobierno se los jueces, fue la pieza creada precisamente para controlar la actividad de unos funcionarios de lujo con potestad para dejar en libertad o privar de ella a los ciudadanos que han saltado la ley. El Consejo del poder judicial debiera revisar esa condición de ser garantía de eficacia en el cumplimiento de los objetivos de una administración de justicia ágil y eficaz. El Gobierno de los jueces está fuertemente necesitado de ganar autoridad con su firmeza y su laboriosidad. Autoridad por encima de las asociaciones de jueces que e agrupan en su seno, y en atención a la sublime tarea que tienen encomendados los encargados de hacer cumplir la ley.