Cómo recorta gastos José Blanco
01/10/2010 - 09:45
El comentario
JOSÉ CAVERO Periodista
Pensando ya en 2011, todos los departamentos ministeriales se ven urgidos a presentar unos presupuestos más afinados que los de este año, de manera que esa va a ser la tarea que se lleven de vacaciones los ministros. Por supuesto, unos ministros tienen más que recortar que otros, y algunos ya no saben de dónde hacerlo. Probablemente quien tiene más difícil tarea es el titular de Fomento, la cartera de la inversión pública.
José Blanco tiene que resolver la papeleta de recortar hasta 6.400 millones en obra pública durante el presente año y el ejercicio que viene, pero, además, sin que esos recortes causen problemas políticos añadidos, como sucedía recientemente con el AVE a Cantabria, que puso en riesgo el gobierno regional. Finalmente, José Blanco ha logrado salvar esa obra en marcha y, de paso, ha salvado el gobierno de coalición de Miguel Ángel Revilla...
Pero, como señala este jueves el diario Público, lo más probable es que el sudoku de producir esos recortes presupuestarios no se haya completado hasta septiembre, cuando se cierren los presupuestos. Se refiere, en concreto, a las complicaciones de Blanco para rescindir contratos de obras, entre ellos, de aquéllas que presenten un sobrecoste de al menos el 10 por ciento, según fuentes del sector. Y relata cuál es el procedimiento: cuando las constructoras terminan una obra que les ha costado por encima del precio de adjudicación, reclaman esa cantidad extra al ministerio. Es lo que, en el argot del sector, se denomina modificado de precios, y las empresas lo han empleado como un método normal prácticamente en todas las obras, porque para ganar su licitación en concurso han ofrecido a Fomento rebajas casi temerarias de más del 30 por ciento. La tónica habitual era que luego reclamaran al ministerio, justificándolo, un sobrecoste de incluso hasta el 30 por ciento.
Cuando llegó Blanco, se impuso atajar estos sobrecostes, que están muy mal vistos por Bruselas. Pero, además del sobrecoste, hay otros dos criterios generales para decidir anular contratos: que las obras tengan una ejecución muy baja, inferior al 10 por ciento, y que no sean imprescindibles. Los contratos que se rescindan, una medida que se toma por primera vez, pueden totalizar en torno al 10 por ciento de las obras pendientes de ejecutar, que suman 21.000 millones. Dice el reportaje del diario que, desde que se anunció el recorte, el ministro y la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez Piñero, están intentando hacer encaje de bolillos para que el impacto en las constructoras esté repartido en lo posible. Con este fin, negocian con las patronales y con las principales empresas. La patronal CNC ya ha alertado de que se perderán entre 77.000 y 115.000 empleos más, que se sumarían al millón ya evaporado con la crisis.
Pero, como señala este jueves el diario Público, lo más probable es que el sudoku de producir esos recortes presupuestarios no se haya completado hasta septiembre, cuando se cierren los presupuestos. Se refiere, en concreto, a las complicaciones de Blanco para rescindir contratos de obras, entre ellos, de aquéllas que presenten un sobrecoste de al menos el 10 por ciento, según fuentes del sector. Y relata cuál es el procedimiento: cuando las constructoras terminan una obra que les ha costado por encima del precio de adjudicación, reclaman esa cantidad extra al ministerio. Es lo que, en el argot del sector, se denomina modificado de precios, y las empresas lo han empleado como un método normal prácticamente en todas las obras, porque para ganar su licitación en concurso han ofrecido a Fomento rebajas casi temerarias de más del 30 por ciento. La tónica habitual era que luego reclamaran al ministerio, justificándolo, un sobrecoste de incluso hasta el 30 por ciento.
Cuando llegó Blanco, se impuso atajar estos sobrecostes, que están muy mal vistos por Bruselas. Pero, además del sobrecoste, hay otros dos criterios generales para decidir anular contratos: que las obras tengan una ejecución muy baja, inferior al 10 por ciento, y que no sean imprescindibles. Los contratos que se rescindan, una medida que se toma por primera vez, pueden totalizar en torno al 10 por ciento de las obras pendientes de ejecutar, que suman 21.000 millones. Dice el reportaje del diario que, desde que se anunció el recorte, el ministro y la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez Piñero, están intentando hacer encaje de bolillos para que el impacto en las constructoras esté repartido en lo posible. Con este fin, negocian con las patronales y con las principales empresas. La patronal CNC ya ha alertado de que se perderán entre 77.000 y 115.000 empleos más, que se sumarían al millón ya evaporado con la crisis.