Comunicado del Colegio Oficial de Trabajo Social de CLM ante la situación que está atravesando el sector
España en general y Castilla La Mancha en particular tiene un estado del bienestar débil si lo comparamos con nuestro entorno europeo.
Tras más de 50 días de estado de Alarma y habiendo analizado conjuntamente la situación actual con colegiadas y colegiados que se han dirigido a nuestra entidad, así como con diferentes Colegios Profesionales y la Consejería de Bienestar Social de Castilla La Mancha, consideramos necesario hacer un llamamiento a las diferentes administraciones públicas ante la situación de emergencia social que estamos detectando desde nuestra acción profesional.
España en general y Castilla La Mancha en particular tiene un estado del bienestar débil si lo comparamos con nuestro entorno europeo. Las cicatrices de la pasada crisis internacional aún son palpables y la totalidad de los recortes no han sido revertidos.
Las competencias en Servicios Sociales en nuestro país son autonómicas, lo que genera a su vez importantes desigualdades entre territorios. En el mes de febrero de 2020 el Colegio emitió un comunicado señalando la situación social de la región en la cual existía más de un 16% de población que se encontraba en situación de exclusión social (según el informe Foessa publicado a finales de 2019). La Asociación de Directoras y Gerentes en su informe sobre Renta Mínimas, situó a Castilla La Mancha en el último lugar de la tasa de cobertura de la población diana susceptible de recibirla, señalando apenas un 2%, de la población la recibía frente al 71,2% de la Comunidad Autónoma Vasca. Aun así, desde el año 2015 hasta el 2019 se percibió un sensible avance, poniendo en relieve la prescripción técnica, facilitando la no interrupción de la prestación en muchos casos y la renovación extraordinaria en muchos otros, avances que han retrocedido drásticamente ante la falta de dotación presupuestaria.
En el comunicado de febrero, el Colegio ya puso el foco en la situación de nuestras prestaciones económicas. En concreto en nuestra renta mínima llamada Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) y en las Ayudas de Emergencia Social (AES). La falta de fondos en ambas prestaciones ha provocado que no se haya resuelto ningún IMS nuevo desde septiembre de 2019 (a pesar de que en estos momentos está vigente una nueva convocatoria) y que se haya terminado el presupuesto asignado en la partida de Ayudas de Emergencia Social, quedando muchísimas familias que cumplen requisitos sin poder atender.
La falta de presupuesto afecta también al tiempo que transcurre entre que la persona solicita la prestación y la Administración puede pagar, siendo gravemente contradictoria la tardanza en el pago de ayudas de emergencia social, destinadas a la atención de situaciones urgentes y de grave necesidad y en el Ingreso Mínimo de Solidaridad, destinado a la cobertura de necesidades básicas.
La crisis sanitaria que la pandemia del Covid-19 ha producido, derivará sin duda alguna en una crisis social, que agrava la difícil situación en la que ya se encontraban muchas familias
y genera nuevas situaciones de pobreza extrema. La población más vulnerable y la nueva ciudadanía afectada necesitan respuestas urgentes eficaces.
Las medidas estatales, como el Ingreso Mínimo Vital, están por definir. Sin embargo un amplio sector de la ciudadanía no puede esperar y la Administración Autonómica, a través de las prestaciones que ya tiene técnicamente articuladas, debe responder de forma inmediata.
En estos momentos los Servicios Sociales públicos están siendo el apoyo técnico para la gestión de ayudas muy básicas ofrecidas por Entidades del Tercer Sector, pasando éstas de ser un complemento muy necesario de las prestaciones públicas, a lo único que se puede ofrecer.
El Colegio de Trabajo Social de Castilla La Mancha quiere volver a poner el foco de atención en esta grave situación. Por ello, instamos al Gobierno Regional a dar una respuesta, mediante dos cuestiones fundamentales:
- Una dotación presupuestaria urgente a nivel regional para hacer frente a las necesidades básicas de la población más vulnerable, mediante las prestaciones ya reguladas y vigentes en este momento, siempre apostando por políticas sociales de protección, apoyadas, pero no basadas, en los recursos más asistenciales que ahora también son necesarios.
- Es imprescindible y urgente la reducción de los procedimientos burocráticos.
Ante la falta de presupuesto y por tanto paralización de las resoluciones de concesión, nuestra prescripción técnica queda totalmente devaluada, los proyectos individuales de atención irrealizables, y el acompañamiento profesional seriamente dañado.
Ahora más que nunca hay que dotar al sistema público de servicios sociales de todos los recursos necesarios para consolidarlo, por fin, como el cuarto pilar del estado de bienestar social.
Estas actuaciones han de realizarse ya. Tenemos un papel importantísimo en evitar que la crisis social que ya tenemos encima expulse de nuestro sistema a miles de familias empobrecidas y agrave otros aspectos de su vida con el consiguiente coste social y económico.
Es necesario no dejar a nadie atrás, pero esto no se puede quedar en un eslogan, ha de materializarse y hoy es ya tarde.
Demandamos al gobierno regional que dote económicamente los fondos del IMS y las AES, de forma inmediata y con garantía de continuidad como actuación imprescindible y urgente, sin perjuicio de un análisis posterior de otras actuaciones muy necesarias para la intervención en la crisis, como dotación de personal suficiente y mejora de otras prestaciones básicas como el Servicio de Ayuda a Domicilio.