Cuando hay acción, hay confianza

 A lo largo de los últimos años, cuando el Gobierno entrega en las Cortes las cuentas del Estado para el ejercicio siguiente, se desencadena una caudalosa catarata informativa sobre el contenido del documento. Se somete a diagnóstico en buena medida, a la vez que se analizan los efectos que ocasionan las orientaciones de política económica que en esos Presupuestos Generales se reflejan. La importancia de los enfoques que alrededor de ellos se formulan siempre es destacada, aunque en esta ocasión lo es aún más ya que la crisis económica ha producido graves problemas a la Hacienda pública.
En los años que llevamos con dificultades económicas, las cuentas públicas han experimentado un deterioro muy fuerte. Tanto en el ingreso como en los gastos. Ambos se han desviado en su realización, en magnitudes de signo contrario aunque muy considerables. Los ingresos públicos han caído desde 2007 a 2009 nada menos que 6,5 puntos del Producto Interior Bruto. Mientras, los gastos se han elevado algo más de 6,6 puntos. La pérdida de ingresos es tan notoria y posiblemente tan permanente que hay enfoques pesimistas que defienden que tendremos dificultades para sostener los actuales niveles de gasto público. En una sociedad donde, en diversas políticas públicas, hay todavía demandas insatisfechas, una evolución como la señalada debería ocasionar serias preocupaciones.
El déficit público es muy alto, hasta el extremo de que ha llegado a una cuantía que hace difícilmente sostenible su mantenimiento dado que quienes nos prestan el dinero necesario para financiar el gasto puede que, en algún momento, expresen sus dudas sobre nuestra solvencia, dificultando la concesión de préstamos o cobrando más por lo que suscribamos. Todas estas cuestiones llenan el debate de política económica, a la vez que exigen la definición de propuestas y de diferentes alternativas a las formaciones políticas. Por eso, es bueno saber que hemos cerrado el ejercicio de 2009 con un gasto público de las Administraciones públicas que alcanza el 45,8% del PIB, mientras que el ingreso se sitúa en el 34,6%. ¿Qué hay que hacer con uno y otro? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Y en qué tiempo?
De acuerdo con la Unión Europea, el Gobierno ha expresado el compromiso político de reducir el saldo hasta el 3% en 2013. Para cumplirlo, presentó en el Congreso de los Diputados un programa de consolidación fiscal cuya primera pieza fue el Decreto Ley de medidas urgentes para reducir el déficit aprobado el pasado mes de mayo.
Ahora, da un paso más enviando a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 con los que pretende dar continuidad a la orientación de su política económica y a las reformas que está llevando a cabo. La finalidad de estas actuaciones es doble. Por un lado, haciendo las reformas consigue mayores márgenes de actuación cuando el crecimiento económico se sitúa por debajo del producto potencial de la economía española. Por otro, busca seguir avanzando en la confianza de los mercados de deuda, donde se bate bravamente para conseguir que la colocación de los títulos españoles, tanto públicos como privados, se haga de manera suficiente y a una razonable remuneración. Los resultados que se logren serán el fruto de una actitud perseverante y tenaz.
Ni que decir tiene que ambos propósitos están entrelazados. La falta de acción es la que ocasiona las dudas y preocupaciones. Cuando hay acción, hay confianza. De ahí que la sostenibilidad de nuestras cuentas pase por llevar a cabo reformas y ajustes, tanto en los ingresos como en los gastos, ya que a través de ellos es como resultará posible mantener los sistemas de bienestar y sus prestaciones. En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado de 2011 caminan en la dirección correcta.