Cuatro años de Estatut

La gestión de Rodalies, o Tráfico ferroviario, es el traspaso más emblemático que se ha conseguido, aunque el servicio sigue siendo gestionado por la operadora estatal Renfe. También destacan las transferencias de la inspección de trabajo, ordenación del litoral, homologación y convalidación de estudios extranjeros no universitarios, comunicaciones electrónicas, permisos de trabajo para extracomunitarios, notarías y registros y seguridad privada. Otros traspasos rubricados son el del Hospital Clínic, el observatorio meteorológico del Turó de l’Home y el de la presa de la Llosa del Cavall (Lleida). Asimismo, se ha dotado con nuevos medios la administración judicial y el Estado ha autorizado a la Generalitat a usar el efluente de la depuradora del Baix Llobregat. Ocho competencias más están en negociación: los servicios regionales que hoy en día presta Renfe, becas, la titularidad de las bibliotecas provinciales, el registro de gestores de múltiplex digitales e intervención y disciplina de las entidades de crédito catalanas, entre otros. Mientras tanto, en estos cuatro años desde que se aprobó el Estatut, el Parlament catalán ha aprobado 41 leyes que despliegan el Estatut, y ocho más están en tramitación parlamentaria. Entre ellas, figura la reciente división de Catalunya en veguerías, la creación del Consell de Garanties Estatutàries o la creación del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, la de consultas populares. Por su parte, las instituciones estatales han aprobado cuatro reformas que desarrollan el Estatut: la que posibilita nombrar magistrados del TC que representen a las autonomías; el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal; la del reglamento del Senado, la financiación de las autonomías y el estatuto básico del empleado público. La sentencia del Tribunal sobre el Constitucional está obligando a que el Govern de la Generalitat y el Gobierno de Rodríguez Zapatero establezcan fórmulas que puedan sustituir algunos de los aspectos normativos recortados por el TC, como un órgano de dirección del Poder Judicial. Estos propósitos de remediar por otras vías los recortes de los magistrados del TC se ven con desaprobación por el PP y con cautela desde los partidos nacionalistas catalanes, que no terminan de fiarse de los arreglos que pacten Zapatero y Montilla, y que ha han comenzado a discutir con miembros del Gobierno para hacerlos posibles a la mayor brevedad, incluso, alguno de ellos, antes de las elecciones autonómicas catalanas de octubre.