De aquellos barros, estos lodos

Ni el agricultor ni el ganadero son responsables de esta situación porque se trata de una crisis estructural, de carácter endémico, propiciada por una falta de política agraria nacional, y también regional; de hecho, con las actuales normas, al menos, en Castilla-La Mancha, es imposible que las explotaciones sean rentables por mucho que sus titulares se esfuercen en gestionarlas correctamente.

Por lo tanto, resulta incomprensible que los Gobiernos se muestren ajenos a esta realidad e intenten camuflar la crisis de la agricultura en el contexto de la crisis económica y financiera internacional, como ha hecho el presidente Zapatero o, como en el caso de Castilla-La Mancha, que desde el Gobierno se congratulan de la buena gestión de las ayudas comunitarias como organismo pagador porque esto lo único que hace es dejar en evidencia que España carece de una política agropecuaria definida capaz de hacer frente a situaciones difíciles. Si no, ¿por qué el sector agrario está tan hundido?
Es importante que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se realice una buena gestión de las ayudas comunitarias y que los agricultores puedan recibir en tiempo y forma un parte importante de sus ingresos, pero no olvidemos que esas ayudas llegan a Castilla-La Mancha porque todavía sigue habiendo agricultores, los mismos que protagonizaron la mayor movilización agraria de la historia el pasado noviembre para exigir al gobierno una política agraria nacional. Los agricultores y ganaderos castellano-manchegos esperamos una intervención más contundente.

Es lamentable que ni el presidente del Gobierno ni la ministra del MARM se hayan comprometido con las organizaciones agrarias de una manera contundente. El campo no puede seguir adelante con esta política tibieza y de improvisación. No es de recibo que en el contexto actual el Gobierno de España siga negando la agonía del sector agrario y no sólo no materialice las reivindicaciones del sector alegando, en muchos casos, que no dispone de fondos para ello, sino que, además, incremente, por ejemplo, las tarifas eléctricas en el 2010. Esto es una tomadura de pelo. Y el Gobierno de Castilla-La Mancha no puede permanecer impasible ante estos acontecimientos, limitándose a cumplir sus compromisos en materia de gestión de las ayudas comunitarias, debe, además, posicionarse a nivel nacional para exigir al Gobierno de la nación que mueva ficha, e incluso a arbitrar mecanismos propios de actuación o, por el contrario, los ciudadanos castellano-manchegos le pasarán factura.

Urge la creación de un marco legal que defina el método de cálculo de los costes de producción, así como, una política agraria nacional que garantice los ingresos y la rentabilidad de las explotaciones, bien mediante compensación en precios o en rentas orientativas de las explotaciones.

Se precisa una mayor transparencia en el mercado, así como, una política de defensa de la competencia y contra los abusos y posiciones de dominio. Resulta imprescindible una fiscalidad agraria adaptada a la coyuntura económica actual, así como, un plan financiero realista que permita a los agricultores disponer de liquidez para hacer frente a sus explotaciones.

Y, por supuesto, es necesario que se defienda la continuidad de la Política Agraria Comunitaria que, además, debe velar para que los Terceros Países cumplan los mismos criterios medioambientales, sociales y sanitarios que los productores intraeuropeos para evitar una competencia desleal.

La crisis que sufre la agricultura en la actualidad no es una cuestión novedosa, aunque las circunstancias económicas actuales han dejado al descubierto las carencias de nuestro país porque, dicho sea de paso, ningún Gobierno de España ha puesto en marcha una política agraria clara conforme venimos demandando desde esta Organización Agraria desde hace años. De ahí que “de aquellos barros, estos lodos”.

En la responsabilidad de todos, de los gobernantes y de la oposición, está el conseguir un cambio radical en la defensa de la agricultura porque no se está cumpliendo con el artículo 130 de la Constitución Española que confiere a la agricultores una diferenciación del resto de sectores económico obligando a los poderes públicos a atender su modernización y desarrollo, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

Si no se hace, la agricultura y la ganadería deberían pasar factura a la clase política en general por no estar a la altura de las circunstancias.