De transportistas a delincuentes
01/10/2010 - 09:45
EL COMENTARIO
Juan Luis Francos - Periodista
Se mal llama transportistas a unas personas, hombres y mujeres, que amenazan, lanzan bravuconadas, obligan a pararse y a aparcar en arcenes, descampados y aparcamientos a furgonetas y camiones; rompen parabrisas, pinchan ruedas, tiran mercancías por los barrancos, queman camiones con sus conductores dentro, provocan caras ensangrentadas en las pantallas de TV, un muerto entre los violentos, por ejercer la violencia; ciudades paralizadas, mercados desabastecidos, Farmacias dando la voz de alarma de que se acaban las medicinas, la población asustada hace acopios de combustible hasta secar gasolineras y acude a las tiendas a comprar masivamente por lo que pueda venir y otras civilizadas lindezas son las que han puesto en práctica ciertos, no todos, transportistas que se han convertido en delincuentes.
Sí, en delincuentes.
Los llamados, en la caduca Ley de Huelga, piquetes informativos son, en realidad, desde sus principios y en su mayoría, grupos violentos que obligan a hacer su santa voluntad a quien no está de acuerdo con ellos. Se envalentonan porque el punto número uno de las negociaciones es perdonar a estos delincuentes, y se entra por el aro. Estos piquetes informativos tienen en su haber, en la época democrática, varios muertos e importantes destrozos económicos.
El Gobierno reaccionó tarde y va a soltar a los cerca de sesenta detenidos -los que van hasta el momento de escribir este comentario- sin sentarlos en el banquillo. Ancha es Castilla, dirán, la próxima vez, más aún. Y así sigue esta espiral de violencia sin que la frenen los propios Sindicatos, las empresas, privadas o públicas, que negocian y, lo que es peor, el propio Estado. El actual gobierno tan dado a las cosas sociales, tiene una cosa social a la que no le quiere meter mano, no quiere ni oír hablar de ella: la Ley de Huelga. Precisamente una ley que puede traer paz social y quitar la crispación a los propios piquetes y a sus victimas.
Entrar en los motivos de la huelga sería harina de otro costal. Los propios camioneros y transportistas tienen en su seno, y entre ellos, grandes problemas estructurales y contratos con grandes superficies a la baja, utilizando personal de bajo coste, que no soportan la mínima en este caso máxima- subida de ninguno de sus costes. Pretender que el gobierno fije unos mínimos en los contratos entre empresas privadas es reconocer su incapacidad para ponerse de acuerdo entre ellos mismos. Esquivar la actualización de la caduca Ley de Huelga, que ponga a los piquetes en su sitio y que obligue a respetar la libertad de los demás, es misión que gobierno, por la responsabilidad de gobernar, y oposición, para que opte al gobierno, no pueden demorar más tiempo. No afrontar este reto es cobardía gubernamental que pagamos los de siempre: los ciudadanos. Por último, sería deseable que los transportistas sensatos no amparasen ni diesen cuartel a esos compañeros y compañeras que, amparados en el mogollón, se convierten en delincuentes.
Los llamados, en la caduca Ley de Huelga, piquetes informativos son, en realidad, desde sus principios y en su mayoría, grupos violentos que obligan a hacer su santa voluntad a quien no está de acuerdo con ellos. Se envalentonan porque el punto número uno de las negociaciones es perdonar a estos delincuentes, y se entra por el aro. Estos piquetes informativos tienen en su haber, en la época democrática, varios muertos e importantes destrozos económicos.
El Gobierno reaccionó tarde y va a soltar a los cerca de sesenta detenidos -los que van hasta el momento de escribir este comentario- sin sentarlos en el banquillo. Ancha es Castilla, dirán, la próxima vez, más aún. Y así sigue esta espiral de violencia sin que la frenen los propios Sindicatos, las empresas, privadas o públicas, que negocian y, lo que es peor, el propio Estado. El actual gobierno tan dado a las cosas sociales, tiene una cosa social a la que no le quiere meter mano, no quiere ni oír hablar de ella: la Ley de Huelga. Precisamente una ley que puede traer paz social y quitar la crispación a los propios piquetes y a sus victimas.
Entrar en los motivos de la huelga sería harina de otro costal. Los propios camioneros y transportistas tienen en su seno, y entre ellos, grandes problemas estructurales y contratos con grandes superficies a la baja, utilizando personal de bajo coste, que no soportan la mínima en este caso máxima- subida de ninguno de sus costes. Pretender que el gobierno fije unos mínimos en los contratos entre empresas privadas es reconocer su incapacidad para ponerse de acuerdo entre ellos mismos. Esquivar la actualización de la caduca Ley de Huelga, que ponga a los piquetes en su sitio y que obligue a respetar la libertad de los demás, es misión que gobierno, por la responsabilidad de gobernar, y oposición, para que opte al gobierno, no pueden demorar más tiempo. No afrontar este reto es cobardía gubernamental que pagamos los de siempre: los ciudadanos. Por último, sería deseable que los transportistas sensatos no amparasen ni diesen cuartel a esos compañeros y compañeras que, amparados en el mogollón, se convierten en delincuentes.