Desaire a Castilla-La Mancha

El desencuentro que se viene escenificando entre los dos grandes partidos castellano-manchegos sobre la reforma del Estatuto alcanzó ayer su culmen. Por una parte, el PP ofreció, ante la Comisión Constitucional del Congreso, una enmienda transaccional que mantenía en el preámbulo la garantía de 4.000 hectómetros cúbicos como deseo de la comunidad para su abastecimiento, pero (y aquí estaba la trampa) asegurando que sería en la planificación hidrológica en la que se concretaría esta estimación conforme a lo previsto en la legislación vigente. De nuevo, la secretaria general popular en nuestra región se plegaba a los mandatos de Génova donde, en esta ocasión, pesaban más los intereses de la Comunidad Valenciana y de Murcia que los de Castilla-La Mancha. Dejando a un lado la polémica sobre los cambios de rumbo de la Cospedal en la defensa, o no, de la caducidad del trasvase, la sesión de ayer en el Congreso puso de relieve el desencuentro, cada vez más profundo, que existe entre la clase política de la región. Tres años de enfrentamiento que ha dado al traste con una reforma del Estatuto que en otras comunidades se ha solventado en poco más de seis meses. Si algo puso de manifiesto el debate de ayer es quién defiende los intereses de los castellano-manchegos y quién los de su propia carrera política aún a costa de poner en riesgo el desarrollo futuro de la región. Lamentablemente se cierra una etapa, pero aquí no se acaba la batalla del agua. El presidente Barreda, lejos de tirar la toalla, apuesta por garantizar la reserva estratégica a través de los distintos planes hidrológicos de cuenca, todo por el bien de la región y de nuestros pueblos ribereños.