¿Desmemoria o demagogia?

En noviembre de 2002, tras ser excarcelado por decisión judicial, se fugó el etarra Josu Ternera. En Abril de 2011, tras ser excarcelado también por decisión judicial, se ha fugado el etarra Antonio Troitiño. Las circunstancias de ambas fugas fueron muy similares y, en ambos casos, quien era entonces vicepresidente y portavoz del Gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, y quien ostenta hoy la vicepresidencia y portavocía del actual Gobierno del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, han esgrimido argumentos similares ante quienes pudieran recriminarles falta de celo en evitar las fugas: la imposibilidad legal de poner vigilancia a un ciudadano, supuestamente libre, sin la correspondiente autorización judicial. ¿Por qué, si las cosas fueron y son así, insiste hoy el Partido Popular en pedir responsabilidades -"de un ministro o de un juez"- como aseguró Antonio Basagoiti, explicitando las acusaciones de Trillo, de Ana Mato, o de Mayor Oreja, contra el Gobierno? La desmemoria de estas personas es evidente, no solo por no recordar las afirmaciones que su líder, Mariano Rajoy diera en su momento por el caso Ternera -idénticas, como se ve, a las que hoy recriminan a Rubalcaba - si no, fundamentalmente, por el olvido manifiesto, por parte de algún que otro fúlgido jurista del PP, de los más elementales principios de un Estado de derecho. Pero, desgraciadamente, no parece que estemos ante un caso de desmemoria; estamos ante un caso de auténtica y flagrante demagogia populista. El Partido Popular sabe perfectamente hasta que punto la sociedad está sensibilizada ante el tema del terrorismo y lo utiliza torticeramente contra el Gobierno. Y lo hace aprovechando el desconocimiento que la mayoría de la gente tiene de los vericuetos legales. Dicho esto, también es cierto que esos vericuetos por los que se mueve la justicia son, en demasiadas ocasiones, tan extraños y tan alejados de la lógica y el sentido común que la gente asiste perpleja a decisiones judiciales que finalmente se demuestran equivocadas pero por las que escasamente se exigen responsabilidades. Algo que sí se reclama en otras profesiones con riesgo de producir efectos perversos por mala praxis. Pero insinuar que el error judicial, en el caso que nos ocupa, está motivado por la connivencia de jueces y Gobierno, como da a entender Mayor Oreja, es algo ruin y enfermizo que perjudica gravemente al Estado de derecho y a la democracia. Sobre todo cuando, misteriosamente, se responsabiliza a un juez como Gómez Bermúdez, el ponente de la sentencia que echó por tierra la teoría conspirativa del 11 M (casualidad de casualidades), olvidándose de Alfonso Guevara, juez que decretó la libertad de Troitiño. Así son las cosas.