Diálogo social, otra vez

El Gobierno quiere que el viernes se reúna de nuevo la mesa del diálogo social pero sólo con UGT y Comisiones Obreras. Es decir, sin la patronal. Será la primera reunión desde la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios contra la reforma laboral, esa que no gusta ni al mismísimo ministro de Trabajo. En esta primera tenida, el orden del día va más por las políticas activas de empleo que mueven en España casi 9.000 millones de euros y que se han demostrado de todo punto ineficaces y más una bolsa de financiación de unos y otros. Además, la línea argumental de lo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes en esta materia tiene poco que ver con la realidad y es más un informe de intenciones, un fondo de saco donde cabe todo. Más bien parece que se quiere dar la impresión de que se hacen cosas, aunque no sean ni las más urgentes, ni las más elaboradas, ni siquiera vayan por el buen camino. UGT y Comisiones Obreras ya han dicho muy claro que van a pedir un PER indefinido de 426 euros al mes para los parados que se hayan quedado sin prestación y sin subsidio. Y, por supuesto, que quieren meter las narices en la reforma del sistema público de pensiones. ¡Que horror! De todo eso no puede salir nada bueno y seguro que ralentizará las urgentes reformas y desarrollos, por ejemplo, de la reforma laboral. En este punto hay que recordar el informe de 30 economistas españoles y extranjeros de prestigio que han dicho estos días que si se hubiera implantado al inicio de la crisis el contrato único de trabajo nos habríamos ahorrado un 40 por ciento de los parados que hoy tenemos. Esto es lo que debería importarle al Gobierno y hacerle reflexionar. Las voces de expertos que alertan de que no podemos perder más tiempo, que no podemos estar a lo que los sindicatos impongan porque el desempleo no cederá. Claro que desde un punto de vista humanitario debemos proteger a los que se quedan en una posición dramática. Pero, también sabemos que la gente quiere un trabajo y no un subsidio. Además de que esta política desincentiva la búsqueda de empleo, que es importante, pero mucho más lo es el efecto psicológico que tiene para las personas vivir de ayudas y no de su trabajo. Me temo que el Gobierno pretende otra vez ganar tiempo. Mandar el mensaje de que hace algo, aunque en el fondo todos sepamos que no quiere hacer nada que signifique bronca con los sindicatos y con su parroquia. Un encaje de bolillo, una irresponsabilidad que estamos pagando todos en forma de renta, de empleo, de ahorro. .